En caso de abuso sexual, juez propone una clase de juicio reservado a genocidas

Una mujer denunció a su tío por haber abusado de ella durante la infancia y se encontró con que el crimen había prescrito. Sin embargo, un juez propuso una solución inesperada: que el acusado tenga la clase de juicio que se reserva a los genocidas.

Ante el nacimiento de su primera hija, Patricia Aguirre decidió que era el momento de denunciar un hecho ocurrido hacía décadas: su tío Manuel Romero abusaba de ella cuando era niña. Además de su embarazo, influyó en su decisión la muerte de su tía, hermana de su madre y esposa de Romero.

 

Según denuncia, los hechos ocurrieron en varias ocasiones entre los años de 1990 y 1995. Su infancia, el paso de los 5 a los 10 años, estuvo marcado por el abuso que presuntamente ejerció su tío, quien vivía en la casa de a lado y que participó en su crianza.

 

La denuncia no fue apoyada por buena parte de su familia y supuso una ruptura. Solo sus padres respaldaron la acusación. Más tarde, cuando acudió a los juzgados, se enfrentó con la posibilidad de ser rechazada. En Argentina esta clase de crímenes prescriben 12 años después de que la víctima cumple la mayoría de edad.

 

Sin embargo, el juez Gabriel Vitale tomó una decisión que podría sentar un precedente para futuras acusaciones de este tipo. En lugar de desechar el caso, Vitale decidió que este continuara bajo la forma de un “juicio por la verdad”.

A finales del siglo XX y principios del XXI, en Argentina se suscitó un enorme debate sobre cómo debían ser juzgados los crímenes cometidos por la dictadura. En aquel entonces, la Suprema Corte determinó que esta clase de crímenes no podían sujetarse a un plazo para ser juzgados.

 

El juez Vitale, del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, llegó a la conclusión de que las víctimas tienen el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los hechos que denuncian.

De ahí que decidiera acudir a una figura jurídica que permite que se haga una investigación y que haya un juicio en el que se puede determinar si el acusado es culpable o no, aun si no se puede emitir una sentencia o un castigo.

 

“Es importante por un proceso individual pero creo que es una lucha colectiva y son voces que tienen que tener la institucionalización de la Justicia. Prescribió la causa, pero es un fin colectivo. El Estado a través de la Justicia tiene que hacer historia”, declaró Patricia Aguirre al medio argentino Infobae.

 

La causa fue abierta en 2018 y hasta ahora han declarado Patricia y su pareja. Además se han presentado peritajes psicológicos. El acusado, Manuel Romero, no se ha presentado a declarar.

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