Magistrada de circuito denuncia red de corrupción que llega a lo más alto del Poder Judicial

En el Consejo de la Judicatura me hicieron conocer injustamente el inframundo jurisdiccional federal por denunciar a la magistrada Selina Avante que liberó a un imputado de forma irregular, afirma la magistrada federal Elba Sánchez Pozos. Carlos Alpízar, mando judicial que debía investigarla, fue su compañero de escuela, señala.

 

Por denunciar un presunto acto de corrupción de la magistrada federal, Selina Haidé Avante Juárez, “estoy conociendo el infierno” dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el poder que tiene una red de poder que opera al interior del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) bajo el mando del Secretario General de la Presidencia de la propia Judicatura, Carlos Antonio Alpízar Salazar, un hombre que sólo obedece órdenes del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó la magistrada de Circuito, Elba Sánchez Pozos.

Con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, la magistrada Sánchez Pozos denunció que luego de su nombramiento como magistrada de Circuito en el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún, Quintana Roo, y negarse a firmar una resolución emitida fuera de norma, misma que sirvió para liberar a un imputado por lesiones dolosas, ha sufrido las represalias de haber denunciado dicha irregularidad y ahora enfrenta un proceso disciplinario, sin tener acceso a una defensa.

Posteriormente, ante su negativa a incumplir con un acuerdo del Consejo de la Judicatura vigente desde el 2009, la magistrada Avante y el magistrado Mercado aprobaron la sentencia de amparo sin convocarla para la discusión y el debate, por lo que se negó a firmar el fallo judicial.

Explicó que ante la actuación irregular de ambos magistrados, denunció los hechos mediante un oficio ante el Secretario General de la Presidencia del CJF, Carlos Antonio Alpízar Salazar; mando de la Judicatura que solamente obedece al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que falta conocer sí Alpízar asume la responsabilidad de las órdenes que ha dado sobre las indagatorias del caso o sí lo hace el propio ministro Zaldívar.

Además, denunció estos hechos ante la Unidad General de Responsabilidades Administrativas (Ugira) del Consejo de la Judicatura, instancia que desechó sus quejas por falta de pruebas, a pesar de que la Visitaduría Judicial había llegado a la conclusión de que sí existían dichas pruebas.

Así, reveló que derivado de la denuncia que ella misma había presentado en contra de la magistrada Selina Avante, comenzó a sufrir represalias como la fabricación de 16 quejas administrativas en su contra por parte del personal que estaba adscrito al Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, incluyendo de la propia magistrada Avante, el magistrado Mercado y de todo el persona que estaba a cargo de ambos por acoso laboral, violación a la intimidad de una oficial, acusaciones de maltrato, entre otros.

Por lo anterior, consideró que quienes denuncian presuntos actos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) están expuestos a represalias. “Quienes gozan de protección pueden actuar libremente, pero sino más vale callar”, lamentó.

Con información de Aristegui Noticias.

 

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