La Secretaría Anticorrupción informó que se han presentado 517 denuncias penales contra servidores públicos
Durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos relacionados con actos de corrupción, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, Buenrostro presentó un informe sobre las acciones realizadas por la dependencia en materia de prevención, investigación y sanción de irregularidades dentro de la administración pública federal.
La funcionaria detalló que en este periodo se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR). De ese total, 53 personas fueron vinculadas a proceso penal.
Entre los delitos detectados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
Además de las investigaciones penales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó que 4 mil 193 servidores públicos han recibido sanciones administrativas durante los dos primeros años del actual gobierno.
De ese total, 3 mil 528 fueron sancionados por faltas no graves y 665 por faltas consideradas graves. Entre las principales irregularidades identificadas están la autorización de pagos indebidos, la sustracción de información bajo resguardo de funcionarios, el pago por bienes o servicios que no fueron entregados y compras sin justificación.
También se detectaron casos de falsificación de documentos, así como conductas relacionadas con hostigamiento y acoso sexual.
Buenrostro informó que mil 737 servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). De ellos, 87 ya fueron notificados como sancionados, mientras que mil 650 expedientes permanecen en proceso.
En cuanto a particulares, la dependencia reportó sanciones contra 286 personas morales. De estas, 222 fueron inhabilitadas y recibieron una multa, mientras que 64 únicamente fueron sancionadas económicamente. Las multas impuestas permitieron obtener 147.3 millones de pesos.
Entre las principales irregularidades cometidas por empresas y particulares se encuentran la presentación de documentación falsa, incumplimientos de contratos, simulación de experiencia técnica o capacidad económica y ocultamiento de conflictos de interés.
La secretaria también señaló que se han impuesto 118.5 millones de pesos en sanciones por infracciones relacionadas con particulares que tienen bajo su responsabilidad datos de otras personas. En este rubro se contabilizan 51 sancionados.
Respecto a las acciones preventivas, Buenrostro afirmó que la administración federal ha logrado proteger 83.8 mil millones de pesos mediante distintas medidas para evitar irregularidades y mejorar el uso de recursos públicos.
De esa cantidad, 29 mil millones de pesos corresponden a mejores procesos de compra; 42.2 mil millones al seguimiento de la administración de contratos; 4.8 mil millones a sanciones y 7.8 mil millones a medidas de eficiencia en la organización gubernamental.
La funcionaria explicó que algunas faltas administrativas pueden constituir delitos, por lo que los casos son enviados a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.
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