Judicializadas 18 personas por homicidios en el Sur del Sonora durante la primera mitad de febrero
Cajeme, Sonora, 18 de febrero de 2024.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, (FGJES) ha logrado la judicialización de 18 personas por delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en los municipios de Cajeme, Navojoa y Guaymas durante los primeros días del mes de febrero, esto como parte de la estrategia de combate frontal al delito en la entidad.
De estas personas, siete ya se encuentran vinculadas a proceso por diversos casos de homicidio, crímenes que ofenden profundamente a la sociedad y por los que esta representación social solicitará ante los tribunales las penas más altas en derecho procedentes.
Es de señalarse que se han ejecutado ocho órdenes de aprehensión, a las que se suma el otorgamiento de 10 mandatos judiciales de captura emitidos por diversos jueces, a fin de aprehender a probables responsables por esta conducta criminal.
Entre los mencionados casos, destaca la captura de Avelino “N”, último probable responsable por los hechos donde perdiera la vida Genaro “N” en mayo de 2018 en las instalaciones de una base de la Policía Municipal de Navojoa, Sonora, hecho que conmocionó a la sociedad sonorense.
La aprehensión de Avelino “N” se logró en el estado de Veracruz gracias al trabajo de colaboración que esta representación social mantiene con sus homólogas en todo el país.
El detenido, quien fuera Juez Calificador, certificó la muerte del joven Genaro “N” como suicidio, cuando se trató de un homicidio cometido por tres elementos municipales, quienes ya han sido procesados y condenados a más de 40 años de prisión.
De igual forma, en este listado se cuenta con la captura de Jesús Enrique “N” y Raúl “N”, imputados por el homicidio de Adán Alfredo “N”, capturas con las que se ha esclarecido el proditorio crimen donde la mencionada víctima perdiera la vida en diciembre de 2023.
Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso con el derecho de acceso a la justicia para las víctimas del delito.