Cónsul mexicano y organizaciones condenan la nueva ley migratoria de Georgia
La situación en Georgia respecto a la HB 1105 ha generado considerable preocupación y debate entre la comunidad hispana y las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Esta ley, impulsada por legisladores republicanos en respuesta al trágico asesinato de una estudiante universitaria presuntamente a manos de un venezolano indocumentado, ha entrado en vigor recientemente.
La HB 1105 requiere que los departamentos de policía y alguaciles verifiquen el estatus migratorio de los detenidos y notifiquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si están indocumentados. Además, insta a las agencias locales a participar en el convenio federal 287(g), que facilita la colaboración con ICE. Las consecuencias por incumplimiento incluyen la pérdida de fondos estatales y posibles cargos para los oficiales.
El cónsul general de México en Atlanta, Javier Díaz de León, junto con organizaciones pro-migrantes, han denunciado esta ley argumentando que podría conducir al acoso, la detención injusta y la criminalización de personas migrantes, generando un clima de incertidumbre y temor entre la comunidad mexicana y latina en general.
Las críticas también señalan el potencial aumento de la discriminación racial y los ataques contra personas de color como resultado de esta legislación. Activistas y organizaciones como la Alianza Latina Pro-Derechos Humanos de Georgia han intensificado esfuerzos para informar a la comunidad sobre sus derechos y ofrecer apoyo legal ante posibles abusos en la implementación de la ley.
En resumen, la entrada en vigor de la HB 1105 ha generado una gran preocupación y movilización entre los afectados directamente por esta legislación, quienes buscan entender sus implicaciones y protegerse ante cualquier forma de discriminación o injusticia que pueda surgir.
