Internacional

Unesco alerta sobre el aumento de “censura indirecta” contra la prensa mediante tácticas legales

La Unesco advirtió sobre una preocupante tendencia global en el uso de tácticas legales para silenciar a periodistas, lo que la organización denomina “censura indirecta”. En un reciente informe, la agencia identificó 120 casos entre 2005 y 2024, con un incremento significativo a partir de 2019. Más de la mitad de estos casos ocurrieron entre 2019 y 2022, siendo 2022 el año con un récord de 25 denuncias contra periodistas.

Este tipo de represión incluye acusaciones relacionadas con delitos financieros, fiscales o el uso de leyes antiterroristas, que no tienen conexión directa con el trabajo periodístico. Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Prensa y Seguridad de los Periodistas de la Unesco, explicó que estas medidas buscan desacreditar a los periodistas y limitar la investigación de los poderosos.

Las legislaciones sobre fraude, blanqueo de capitales o evasión fiscal se están utilizando como herramientas para erosionar la credibilidad de los medios, en lugar de recurrir a las leyes tradicionales de difamación. Además, Canela denunció que las leyes antiterroristas y sobre agentes extranjeros están siendo empleadas para acusar a los periodistas de financiar actividades ilícitas.

El informe destaca que esta “censura indirecta” es más prevalente en regiones como Asia y el Pacífico, Europa del Este y Asia Central. En América Latina y el Caribe, se registraron siete casos entre 2010 y 2023, especialmente en Centroamérica, donde las acusaciones por blanqueo de capitales y extorsión han resultado en largas penas de prisión y cierres de medios.

La Unesco también advirtió sobre el aumento de los llamados pleitos estratégicos contra la participación pública (SLAPP), utilizados para intimidar a periodistas críticos y obligarlos a incurrir en altos costos legales. A pesar de la complejidad jurídica y el peaje psicológico que estos casos imponen sobre los periodistas, algunos países, como los de la Unión Europea y Brasil, están avanzando en la regulación de estas prácticas.