FGR defiende acusación de traición a la patria contra Joaquín Guzmán
En un operativo realizado por las fuerzas armadas en la zona de Plan de Oriente, en Culiacán, el Ejército aseguró 70 kilos de metanfetamina tras la detención de un individuo apodado “El Oso”, quien está vinculado con actividades del crimen organizado en la región.
El ministerio público federal señaló a “El Oso” como responsable del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes más influyentes del Cártel de Sinaloa. Según las autoridades, este operativo representa un golpe importante en el combate contra el tráfico de drogas y la violencia en la región.
Durante la intervención, las fuerzas de seguridad encontraron varios paquetes que contenían metanfetamina, los cuales estaban ocultos en una finca que presuntamente era utilizada como centro de operaciones para actividades ilícitas, incluyendo secuestros y distribución de narcóticos. La operación tuvo lugar después de semanas de labores de inteligencia y seguimiento de los movimientos de “El Oso”.
Este incidente se suma a una serie de recientes capturas que apuntan a la desarticulación de células del narcotráfico en Sinaloa, donde la lucha entre diferentes facciones ha dejado una ola de violencia en los últimos años.
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado donde defendió su acusación de traición a la patria contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un caso separado. Según la FGR, Guzmán López estuvo involucrado en el secuestro de Zambada, quien fue citado a una finca cercana a Culiacán antes de ser retenido. El ministerio público aportó 78 datos de prueba para solicitar la orden de captura por los delitos de secuestro y traición a la patria.
El juez federal encargado del caso, Alejandro Alberto Díaz Cruz, se ha visto envuelto en polémica por haber negado la orden de aprehensión contra Guzmán López, alegando la falta de pruebas suficientes. No obstante, la FGR insiste en que las evidencias presentadas eran más que adecuadas para sustentar la detención.
El Gobierno continúa su lucha contra las organizaciones criminales, mientras el proceso judicial sigue su curso con miras a una mayor transparencia y justicia.
