La Jufed Solicita a la CIDH Supervisar Procedimientos de Selección Judicial en México

La jueza Juana Fuentes Velázquez, representante de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de México (Jufed), informó que, tras una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se solicitó al Estado mexicano que presente informes sobre el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Además, pidió la designación de un comisionado internacional para supervisar que los procedimientos de selección cumplan con los estándares adecuados y estén libres de influencia externa, particularmente de la delincuencia organizada.

Fuentes Velázquez explicó que la Jufed, junto con organizaciones no gubernamentales y la relatora de Naciones Unidas, acudió a la CIDH para exponer los riesgos que perciben en la implementación de la reciente reforma judicial en México. La reforma introduce medidas como la elección popular de jueces y magistrados, así como métodos de selección que, según la jueza, podrían comprometer la imparcialidad y la independencia judicial.

“La reforma no garantiza el respeto a la independencia judicial”, subrayó Fuentes Velázquez, destacando que el sistema de selección podría abrir la puerta a presiones de grupos de interés, como partidos políticos o el crimen organizado. La elección popular de jueces, en particular, fue identificada como una de las principales preocupaciones, pues podría someter a los magistrados a factores externos que socaven su autonomía.

Uno de los puntos más controversiales que la jueza presentó ante la CIDH fue el uso de un sistema de “tómbola” para la asignación de magistrados y jueces, considerado por la Jufed como opaco y sin garantías de que los candidatos seleccionados posean la experiencia y las competencias necesarias para el cargo.

En cuanto a los procedimientos nacionales, Fuentes Velázquez explicó que, a pesar de que las acciones de inconstitucionalidad y controversias promovidas por varios partidos políticos y autoridades fueron desestimadas, los juicios de amparo siguen siendo una vía abierta para impugnar los actos derivados de la reforma. La jueza puntualizó que cada medida, como la implementación de la tómbola o la convocatoria para jueces, puede ser impugnada si se considera que no cumple con los estándares legales establecidos.

Durante la audiencia ante la CIDH, la Jufed también solicitó que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de selección de jueces, con el objetivo de evitar la intervención de actores externos y garantizar que el proceso se ajuste a los estándares internacionales de transparencia e imparcialidad.

Fuentes Velázquez expresó su preocupación por la baja participación en la convocatoria abierta para el proceso de selección de jueces, sugiriendo que esto podría deberse a los altos estándares exigidos por el Poder Judicial de la Federación, los cuales buscan garantizar que solo los candidatos más capacitados y experimentados accedan a los cargos.

Finalmente, la jueza indicó que, aunque la CIDH tiene un enfoque conciliador, en caso de que el conflicto no se resuelva en el ámbito nacional, no se descarta la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque expresó su preferencia por evitar ese camino, ya que significaría una escalada del conflicto a nivel internacional.