Activistas intensifican presión sobre Biden para frenar planes migratorios de Trump
Grupos civiles en Estados Unidos han acudido al Gobierno del presidente Joe Biden para detener los planes de deportaciones masivas y la expansión de centros de detención que impulsa la Administración entrante de Donald Trump, prevista para asumir en enero de 2025.
Según reportes, el equipo de Trump ya ha iniciado conversaciones con compañías privadas como CoreCivic y Geo Group, que operan la mayoría de los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), para duplicar las 41 mil camas disponibles. Estas corporaciones, que obtuvieron ingresos conjuntos de 7 mil 400 millones de dólares en 2023, han sido duramente criticadas por las condiciones precarias y abusos dentro de sus instalaciones.
Preocupación por derechos humanos
Organizaciones como La Resistencia han advertido sobre los efectos devastadores de ampliar este sistema de detención. “Todo ese plan de ampliar las cárceles solo va a causar más muertes, enfermedades y daño psicológico entre los inmigrantes”, afirmó Rufina Reyes, portavoz del grupo.
El caso más reciente es el de José Manuel Sánchez Castro, un migrante mexicano que falleció en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma, Washington, donde detenidos iniciaron este viernes una huelga de hambre para denunciar maltratos.
Por su parte, la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) ha pedido a Biden evitar que estados como Texas, Kansas y Wyoming ofrezcan terrenos para nuevos centros, y frenar la reapertura de instalaciones en regiones santuario y para familias migrantes.
Texas, epicentro de la expansión
Texas ya ofreció más de 500 hectáreas cerca de la frontera con México para construir un mega centro de detención, mientras que Trump ha planteado abrir instalaciones en ciudades santuario y detener a padres con hijos menores.
El último centro de detención familiar, ubicado en Dilley, Texas, fue cerrado a mediados de este año, una decisión aplaudida por activistas tras años de escándalos en instalaciones como la del condado Irwin, Georgia, donde mujeres migrantes denunciaron procedimientos médicos no autorizados, como extirpaciones uterinas.
Resistencia y movilización
Eunice Cho, abogada de la ACLU, calificó el sistema de detención de migrantes como “inhumano” y urgió al Gobierno actual a no preparar el terreno para las políticas de Trump.
Mientras tanto, las protestas se mantienen dentro y fuera de los centros. “No vamos a rendirnos hasta lograr que cierren estos centros de horror”, declaró Reyes, reflejando la determinación de las organizaciones para contrarrestar lo que describen como un sistema lucrativo y deshumanizante.