El reto de quitar la ciudadanía de EE.UU. a bebés de migrantes, incluso aquellos con visa
El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía automática para hijos de migrantes indocumentados y algunos extranjeros con estadía legal en Estados Unidos, un movimiento que ha desatado un intenso debate legal y político.
El decreto cuestiona la interpretación tradicional de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, y plantea restricciones incluso para hijos de residentes legales temporales.
Primer revés judicial
El jueves, un juez federal en Seattle bloqueó preliminarmente la medida al considerarla “claramente inconstitucional”, destacando que la Enmienda 14, ratificada en 1868, establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos del país. Grupos defensores de derechos civiles y 22 estados han presentado demandas contra la orden.
Impacto en migrantes documentados y no documentados
La orden de Trump no solo afecta a hijos de migrantes indocumentados, sino también a bebés nacidos de padres con visas temporales, como estudiantes o trabajadores contratados por empresas tecnológicas, si ninguno de los progenitores es ciudadano o residente permanente legal. Según el decreto, estos niños no serán reconocidos automáticamente como ciudadanos y no se les expedirá documentación como pasaportes.
Actualmente, la ciudadanía se certifica mediante el acta de nacimiento, que no incluye información sobre el estatus migratorio de los padres. La nueva normativa obligaría a las agencias estatales y federales a verificar el estatus de los progenitores antes de emitir documentos relacionados con la ciudadanía.
Debate sobre enmiendas constitucionales
Modificar la Constitución para eliminar la ciudadanía automática requeriría un arduo proceso: el respaldo de dos tercios del Congreso o de las legislaturas estatales, además de la ratificación por tres cuartas partes de los estados. Sin embargo, analistas consideran que Trump no busca reformar la Constitución, sino cambiar su interpretación en las cortes, en particular ante un Tribunal Supremo de inclinación conservadora.
Reacciones y riesgos
Oscar Chacón, de Alianza Américas, advierte que la orden refleja una agenda excluyente que busca redefinir quién puede ser estadounidense. “Es un movimiento con raíces históricas que siempre ha cuestionado la inclusión de personas no blancas o anglo-protestantes en la sociedad estadounidense”, señaló.
Por su parte, Iván Espinosa-Madrigal, de Abogados Defensores de los Derechos Civiles, calificó la medida como “una violación flagrante de los derechos constitucionales” y alertó sobre el peligro de que este cambio administrativo derive en un debate jurídico prolongado y polarizante en el país.
Con este decreto, Trump busca consolidar su visión restrictiva de la inmigración, mientras opositores legales y políticos se preparan para una larga batalla en las cortes y en el Congreso.
