INE instalará 84 mil centros de votación para la elección judicial tras recibir ampliación presupuestal
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó este viernes que el organismo instalará 84 mil centros de votación para la elección judicial del próximo 1 de junio, tras recibir una ampliación presupuestal de 800 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Ya está todo en Hacienda, está el trámite listo. Nada más están generando la estructura que se tiene que generar por disposición de Hacienda. Se abre un portal, tú entras, capturas, y cuando eso está concluido ya te piden los datos”, explicó Taddei en declaración a medios antes de un evento con especialistas electorales.
Con estos recursos, el INE prevé la instalación de 84 mil casillas seccionales y la impresión de más de 600 millones de boletas electorales, destinadas a las seis elecciones del Poder Judicial. Estas elecciones incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El INE había solicitado originalmente una ampliación presupuestal de 1,511 millones de pesos para cubrir las necesidades logísticas y operativas del proceso electoral. Sin embargo, hasta el momento se le han autorizado 800 millones de pesos, lo que permitirá avanzar en la organización del histórico comicio.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó al INE el pasado 15 de enero a definir “lo más pronto posible” las reglas para la primera elección popular del Poder Judicial. Sheinbaum subrayó la importancia de establecer “reglas claras” para garantizar la transparencia del proceso, señalando la necesidad de clarificar si los partidos políticos podrán postular directamente a candidatos o si podrán hacerlo a través de asociaciones civiles.
México se prepara así para su primera elección judicial, que tendrá lugar tras la promulgación de la reforma constitucional al Poder Judicial el 15 de septiembre de 2024. Este proceso histórico marcará un precedente en la participación ciudadana en la designación de autoridades judiciales en el país.
