Varios estados de EE.UU. impulsan restricciones para estudiantes indocumentados en escuelas públicas
La ofensiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la migración indocumentada ahora apunta a los menores de edad, con varios estados promoviendo leyes que buscan prohibir o dificultar la asistencia de estudiantes sin estatus legal a las escuelas públicas.
Trump ha autorizado redadas migratorias en lugares antes considerados sensibles, como iglesias y escuelas, una medida que ya ha generado resistencia en algunos distritos escolares. En Denver, por ejemplo, las autoridades han presentado una demanda para frenar estos operativos. Sin embargo, en otros estados las iniciativas van en la dirección opuesta.
Estados impulsan restricciones escolares
En Tennessee, legisladores republicanos han respaldado un proyecto de ley que permitiría a los distritos escolares rechazar la inscripción de niños indocumentados.
“Las comunidades de Tennessee no deberían tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras”, afirmó el representante William Lamberth, uno de los impulsores de la iniciativa.
El gobernador Bill Lee aún no ha revisado la propuesta, pero ya ha firmado una ley que restringe el acceso a ayudas económicas para escuelas privadas, excluyendo a estudiantes sin documentación legal.
En Indiana, una propuesta legislativa permitiría que los distritos escolares nieguen la inscripción a estudiantes indocumentados. De aprobarse, el fiscal general del estado tendría la responsabilidad de defender a las escuelas ante posibles demandas. Además, la ley exigiría a las instituciones educativas reportar el número de alumnos sin estatus legal, su tasa de asistencia, si estudian inglés y cuántos profesores imparten clases bilingües.
En Texas, legisladores han presentado un proyecto de ley que obligaría a las escuelas a contar a los estudiantes indocumentados desde el próximo ciclo escolar. El objetivo sería utilizar estos datos para solicitar al Gobierno federal un reembolso por los costos anuales de su educación.
En Oklahoma, el superintendente estatal, Ryan Walters, ha impulsado una normativa que exigiría a los estudiantes presentar pruebas de ciudadanía o de su estatus migratorio al momento de inscribirse. Aunque la medida no prohíbe la matrícula de menores indocumentados, sí obligaría a las escuelas a realizar un censo de estos alumnos. La iniciativa ya fue aprobada por la Junta de Educación estatal, pero el gobernador Kevin Stitt ha prometido bloquearla, argumentando que la prioridad debe ser perseguir a quienes cometen delitos, no a los niños en las escuelas.
Impacto en la comunidad migrante
Las medidas han generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes, quienes advierten que podrían afectar la educación de miles de niños y adolescentes. Además, expertos legales han señalado que estas leyes podrían entrar en conflicto con el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Plyler v. Doe (1982), que garantiza el acceso a la educación pública para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.
Las iniciativas aún están en discusión en cada estado y podrían enfrentar impugnaciones en tribunales si se aprueban. Mientras tanto, la comunidad migrante y grupos de derechos civiles se preparan para dar la batalla legal contra estas restricciones.
