Empresas de armas intentan evitar demanda de México en la Corte Suprema de Estados Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el martes desestimar la demanda presentada por dos empresas estadounidenses de armas contra el gobierno mexicano, que las acusa de contribuir al tráfico ilegal de armas hacia los cárteles de droga y de fomentar la violencia armada en México.
Las empresas Smith & Wesson, fabricante de armas de fuego, y el distribuidor Interstate Arms, apelaron la decisión de un tribunal inferior que había permitido que la demanda continuara, argumentando que México había hecho una alegación plausible de que ambas compañías habían facilitado la venta ilegal de armas, afectando negativamente al gobierno mexicano.
La controversia se desarrolla en un contexto tenso entre Estados Unidos y México, especialmente luego de la reciente imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump a productos mexicanos y sus críticas sobre la lucha de México contra las drogas sintéticas como el fentanilo y el manejo de la migración.
El caso se centra en si la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005 debe aplicar a las empresas demandadas, protegiéndolas de responsabilidad por delitos cometidos con sus productos, o si su conducta queda fuera de estas protecciones, como consideró el tribunal inferior.
La demanda fue presentada por México en 2021, ante el tribunal federal de Boston, y acusa a las empresas de violar leyes estadounidenses y mexicanas. México sostiene que las compañías han mantenido deliberadamente un sistema de distribución que incluía vendedores que vendían armas a testaferros, quienes a su vez traficaban esas armas a los cárteles mexicanos. Además, se acusa a las empresas de diseñar y comercializar sus productos como si fueran de grado militar, aumentando la demanda entre los cárteles al asociar sus armas con las fuerzas armadas y de seguridad estadounidenses.
México solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificada, además de una orden judicial que obligue a las empresas a tomar medidas para remediar el daño público que han causado. Según los documentos judiciales, la mayoría de los 180,000 homicidios cometidos con armas de fuego en México entre 2007 y 2019 fueron perpetrados con armas traficadas desde Estados Unidos, un país con leyes de control de armas mucho más laxas que México.
Las compañías demandadas sostienen que su responsabilidad se limita a la fabricación y venta de productos legales, argumentando que es un hecho conocido que sus productos pueden ser mal utilizados por clientes. “Cada negocio sabe que sus productos pueden ser mal utilizados, incluso criminalmente, por los clientes aguas abajo”, afirmaron los abogados de las compañías.
El tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México está valorado en más de 250 millones de dólares anuales, según los documentos judiciales, y ha tenido un impacto negativo en la economía y la seguridad de México, afectando la inversión empresarial y generando costos elevados en servicios como salud, seguridad y fuerzas armadas.
La demanda inicialmente incluía a siete fabricantes de armas, pero seis de ellos fueron apartados del caso por motivos procesales, dejando a Smith & Wesson e Interstate Arms como los demandados principales.
En 2022, el juez Dennis Saylor, de Boston, desestimó la demanda, apoyando a las empresas, al considerar que la ley de 2005 prohíbe exactamente el tipo de acción legal presentada. Sin embargo, en enero de 2024, la Corte de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos revocó la decisión de Saylor, dictaminando que México había presentado una alegación válida que podría colocar la conducta de las empresas fuera de los límites de la ley de protección comercial.
La Corte Suprema está ahora analizando si el caso debe ser desestimado o si puede continuar. Las empresas de armas han argumentado que la demanda de México busca presionar a la industria a adoptar medidas de control de armas que han sido rechazas por el electorado estadounidense.
