Casa Blanca defiende las deportaciones y desacredita a jueces que que intentan frenarlas
La Casa Blanca se mantuvo firme en su política de deportaciones masivas, especialmente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, y atacó duramente al juez James Boasberg, quien bloqueó esta iniciativa, así como a otros jueces que, según la portavoz presidencial Karoline Leavitt, intentan frenar las acciones del presidente Donald Trump.
En una rueda de prensa, Leavitt expresó que los jueces están actuando de manera inapropiada al intentar frenar la agenda de la Administración Trump, calificando sus acciones como un intento de imponer políticas desde el poder judicial. “Tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el tribunal. Intentan imponer políticas al presidente de Estados Unidos y frenar la agenda de esta Administración, y eso es inaceptable”, afirmó.
La portavoz no dudó en asegurar que la Casa Blanca continuará luchando en los tribunales contra las órdenes que bloquean las deportaciones, pero subrayó que los jueces involucrados en estos casos no solo están “usurpando la voluntad” del presidente y del Ejecutivo, sino que también están “socavando la voluntad del público estadounidense”. En su opinión, este comportamiento va en contra de las decenas de millones de votantes que eligieron a Trump para implementar políticas de control migratorio y deportaciones.
Leavitt también destacó que la campaña de deportaciones masivas continuará, a pesar de los bloqueos judiciales. “La ciudadanía puede esperar que las deportaciones prosigan. No permitiremos que esto se detenga”, señaló con firmeza.
El presidente Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de miembros presuntos del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, defendió su decisión de actuar bajo esta normativa histórica, que no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial. Trump argumentó que Estados Unidos estaba siendo “invadido” por este grupo, aunque no presentó pruebas para sustentar sus afirmaciones. A pesar de la orden judicial que bloquea las deportaciones, más de 200 venezolanos han sido enviados a El Salvador, que se comprometió a encarcelarlos.
Leavitt también rechazó ofrecer pruebas sobre la supuesta pertenencia de los deportados al Tren de Aragua, afirmando que confiaban en el trabajo de los agentes encargados de esta labor.
La presión contra el juez Boasberg aumentó este miércoles cuando el congresista republicano Brandon Gill inició el proceso de destitución en la Cámara de Representantes. Sin embargo, según expertos, las perspectivas de éxito en un proceso de destitución son mínimas, ya que requerirían el apoyo de dos tercios del Senado, lo que implicaría el respaldo de hasta 14 senadores demócratas.
