Muerte de mexicano golpeado por agentes migratorios de EE.UU. será evaluada por la ONU
El caso de Anastasio Hernández Rojas, un inmigrante mexicano que murió en 2010 tras ser agredido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, será analizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo mediante el cual se evalúa el cumplimiento de los Estados miembros en materia de derechos humanos.
La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en Berkeley y la organización Alliance San Diego presentaron este lunes un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que denuncian graves deficiencias en el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.
Hernández Rojas, trabajador de la construcción y residente por más de 20 años en EE.UU., fue detenido el 28 de mayo de 2010 mientras intentaba reingresar al país. Según los testimonios y videos aportados, fue esposado, sometido en el suelo y brutalmente golpeado por al menos una docena de agentes, quienes además le aplicaron múltiples descargas eléctricas, incluso cuando ya estaba inmovilizado. El informe forense clasificó su muerte como homicidio.
“El caso de Anastasio es el primero que cuestiona el estándar estadounidense del uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos”, señalaron las organizaciones. Afirmaron que el criterio de “fuerza objetivamente razonable” ha permitido que agentes fronterizos actúen con impunidad. “Ningún agente ni sus superiores rindió cuentas por la muerte”, subrayaron.
La entrega del informe a Naciones Unidas ocurre en un contexto en el que el gobierno estadounidense ha ampliado las facultades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la agencia federal más grande de aplicación de la ley. Por ello, los abogados consideran que “es más importante que nunca dar testimonio del daño que se está causando y exigir responsabilidades”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU analizará las pruebas presentadas como parte del EPU. Se prevé que el informe general sobre el cumplimiento de EE.UU. se publique en noviembre de este año.
Paralelamente, el caso también es evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque este organismo no puede sancionar al gobierno estadounidense, sí podría emitir una resolución favorable a la familia de Hernández Rojas y recomendar medidas para prevenir futuros abusos en la frontera.
Las organizaciones que acompañan a los deudos insisten en que este caso emblemático demuestra que los derechos humanos no están adecuadamente protegidos en Estados Unidos, particularmente para las personas migrantes.
