El Gobierno Trump pide al Supremo que permita a DOGE acceso a datos de la Seguridad Social
La administración del presidente Donald Trump solicitó este viernes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que autorice a los miembros del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) —encabezado por el empresario Elon Musk— a acceder a millones de registros personales de la Seguridad Social, luego de que una jueza federal suspendiera temporalmente dicha autorización.
En un documento presentado ante la Corte, el procurador general John Sauer acusó a la jueza Ellen Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, de “abuso de autoridad”, al emitir una orden que bloqueó el acceso de diez miembros del DOGE a datos sensibles, que incluyen números de Seguridad Social, historiales médicos y de salud mental, información fiscal y bancaria, registros de domicilio, nacimiento, matrimonio e inmigración, entre otros.
Según Sauer, la orden judicial emitida el 20 de marzo representa un “daño irreparable a las funciones ejecutivas” y obstaculiza una de las “prioridades federales más urgentes”, en alusión a los planes del DOGE para implementar reformas tecnológicas en la administración pública.
“La jueza Hollander emitió una medida cautelar de amplio alcance sin tener la autoridad legal para hacerlo. Es una historia ya conocida”, señaló el procurador, en línea con el discurso de la Casa Blanca que ha cuestionado repetidamente la legitimidad de los frenos judiciales a sus políticas más controvertidas.
El DOGE, una entidad creada en 2024 por orden ejecutiva de Trump y encabezada por Musk, ha sido blanco de críticas tanto por su falta de transparencia como por la escasa preparación técnica y ética de algunos de sus integrantes, quienes tendrían acceso directo a bases de datos federales sin supervisión.
La demanda que originó el bloqueo fue presentada por la Federación Estadounidense de Profesores (AFT), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO) y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA). Las organizaciones alegan que el acceso otorgado al DOGE compromete gravemente la privacidad y seguridad de millones de ciudadanos, al delegar la gestión de datos confidenciales a personal sin la debida capacitación ni protocolos de protección.
Aunque el DOGE ha defendido que el uso de inteligencia artificial y automatización permitiría reducir gastos y hacer más eficiente la administración federal, críticos lo han comparado con un proyecto de vigilancia masiva que concentra poder en manos de un grupo sin contrapesos institucionales.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo no ha emitido una respuesta formal sobre si aceptará el caso o concederá la suspensión de la orden judicial. Sin embargo, el tema ha intensificado el debate sobre privacidad, vigilancia estatal y el rol de Musk en la reestructuración del gobierno federal.
Se espera que en los próximos días haya pronunciamientos tanto del equipo legal de los demandantes como de organizaciones defensoras de los derechos civiles y la protección de datos.
