Florida busca que militares deporten migrantes y que policías de carreteras hagan redadas
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso este lunes un polémico plan migratorio que busca transformar la manera en que el estado participa en las deportaciones de inmigrantes, al plantear el uso de miembros de la Guardia Nacional como jueces migratorios y permitir que la Patrulla de Carreteras (FHP) realice redadas migratorias de forma independiente.
Durante una conferencia de prensa en Tampa, el gobernador republicano informó que su administración ya presentó la propuesta al Gobierno del presidente Donald Trump, con el fin de “acelerar el procesamiento legal de inmigración” y reforzar el control migratorio en Florida.
De acuerdo con DeSantis, el plan contempla que el Cuerpo de Abogados Generales, una rama de justicia militar de la Guardia Nacional, sea autorizado para actuar como jueces en casos migratorios, algo sin precedente en la historia reciente del país.
Además, explicó que 100 agentes de la FHP han sido habilitados como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals bajo el acuerdo 287(g), lo que les permite ejecutar órdenes judiciales federales y realizar detenciones migratorias sin necesidad de coordinación directa con autoridades federales.
“Lo que tenemos ahora con la FHP es que ellos pueden realizar operativos migratorios de manera completamente independiente al Gobierno federal, y no hay nadie más en el país donde estén haciendo eso”, dijo DeSantis.
Como ejemplo de la capacidad del estado, citó la ‘Operación Marea Negra’, llevada a cabo del 21 al 26 de abril, la cual calificó como “el mayor operativo migratorio hecho en un solo estado”, con mil 120 inmigrantes arrestados y la participación de siete agencias locales junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El gobernador adelantó que su plan también incluye la creación de nuevos centros de detención para migrantes y una ampliación de los operativos de captura y procesamiento.
“Florida será el líder en la lucha para aplicar la ley inmigratoria”, sentenció.
El estado, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante —cerca de 5 millones de personas nacidas en el extranjero, según el American Immigration Council— ha sido punta de lanza en la implementación de la política migratoria impulsada por Trump.
Durante su mandato, DeSantis ha impulsado leyes que prohíben las ciudades santuario, imponen multas de hasta 5 mil dólares y permiten la destitución de funcionarios que no cooperen con las autoridades migratorias.
Como resultado, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados en Florida han firmado acuerdos 287(g), junto con numerosas ciudades, entre ellas Miami, Orlando, Doral, Hialeah y Key West.
La propuesta ha generado ya reacciones entre activistas proinmigrantes, quienes advierten que el uso de fuerzas militares y policiales estatales como herramientas de control migratorio podría derivar en abusos de poder, perfiles raciales y criminalización masiva de comunidades inmigrantes.
