Nueva York lanza campaña para proteger a inmigrantes ante abusos en vivienda
La alcaldía de Nueva York lanzó este martes una campaña informativa dirigida a inmigrantes indocumentados, con el objetivo de recordarles que tienen derecho a vivir en condiciones seguras y libres de abusos, sin importar su estatus migratorio.
La iniciativa surge en medio del clima de miedo provocado por la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump, y busca ofrecer garantías a quienes temen ser desalojados, discriminados o intimidados por su origen o situación legal.
A través de carteles y folletos distribuidos en varios idiomas, la campaña subraya que es ilegal que los propietarios nieguen vender o alquilar una vivienda a una persona por su estatus migratorio, país de origen, o idioma. También recuerda que los dueños de propiedades no pueden usar términos ofensivos como “extranjero ilegal”, ni amenazar con llamar a las autoridades de inmigración.
Además, se recalca que la ley prohíbe represalias contra quienes presentan denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad u otras agencias, incluso si lo hacen de forma anónima.
“La comunidad migrante vive con mucho temor, no solo en Nueva York, sino en todo el país. Pero aquí reconocemos que somos una ciudad construida por inmigrantes, y que nuestra economía depende de ellos”, afirmó Adolfo Carrión, vicealcalde para Vivienda y Asuntos Económicos, durante una mesa redonda con medios de comunicación.
El evento fue convocado por la Oficina para Asuntos de Inmigración (MOIA), encabezada por el mexicano Manuel Castro, quien reiteró que ningún inmigrante debe tener miedo de acceder a servicios médicos, enviar a sus hijos a la escuela o denunciar abusos, incluso a la policía.
En la presentación también participaron Ahmed Tigani, comisionado adjunto de Vivienda; Kajori Chaudhuri, comisionada adjunta de Derechos Humanos; y Adrienne Lever, directora ejecutiva de la Oficina de Participación Pública.
Las autoridades neoyorquinas han enfatizado que esta campaña forma parte de su compromiso con la protección de los derechos humanos de todos sus habitantes, sin importar su estatus legal.
