Detienen a “El Pajarraco”, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Elementos de seguridad federales detuvieron en el municipio de Almoloya, Hidalgo, a Juan Miguel Pantoja Miranda, alias El Pajarraco, presunto integrante del cártel Guerreros Unidos y señalado por su posible participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
La captura se llevó a cabo con base en una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y desaparición forzada de personas, según informó este martes el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), El Pajarraco es identificado como miembro activo de Guerreros Unidos, organización criminal implicada directamente en los hechos ocurridos hace más de una década en Iguala, Guerrero.
El operativo fue encabezado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR, con apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.
Según las autoridades, la ubicación de Pantoja Miranda se logró en la colonia Centro de Almoloya, donde se instalaron puntos de vigilancia que permitieron su localización en la calle Ernesto Viveros Oriente. Al corroborar su identidad, fue detenido sin incidentes y se ejecutó la orden judicial en su contra.
“Esta acción forma parte del seguimiento a las indagatorias sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, en el 2014”, indicó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.
El detenido fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.
La detención de El Pajarraco se suma a las acciones del Estado mexicano para esclarecer uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en el país, y que ha generado reclamos nacionales e internacionales por verdad y justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos.
Desde la reapertura de las investigaciones en 2019, más de 130 órdenes de aprehensión han sido solicitadas y se han documentado nexos entre funcionarios municipales, fuerzas policiales y miembros del crimen organizado.