El plan fiscal de Trump amenaza flujos de remesas claves para México y Centroamérica
Una iniciativa legislativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para imponer un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde territorio estadounidense, ha encendido las alertas en México, Centroamérica y el Caribe, donde estos flujos representan una fuente vital para millones de hogares y para la estabilidad macroeconómica de varios países.
La medida, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y está pendiente de votación en el Senado, contempla que el nuevo gravamen entre en vigor el 1 de enero de 2026. De ser aprobado, se aplicaría a las remesas enviadas por personas que no sean ciudadanos ni nacionales estadounidenses, incluidos residentes permanentes y trabajadores con visa. Los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos, siempre que cumplan con requisitos de verificación y usen servicios certificados de envío.
México, el más expuesto
México, el principal receptor de remesas en la región, acumuló en 2024 un total de 64 mil 745 millones de dólares por este concepto, cifra equivalente al 3.4% del PIB nacional. Solo en el primer cuatrimestre de 2025, el ingreso por remesas cayó un 2.5%, totalizando 19 mil 15 millones de dólares, mientras que en abril se registró una baja del 12.1%, en un contexto de incertidumbre frente a la reforma fiscal propuesta.
En estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Zacatecas, las remesas representan hasta el 20% de los ingresos familiares, lo que convierte al nuevo impuesto en una amenaza directa al tejido económico de millones de hogares.
Centroamérica: riesgo de colapso económico
En Honduras, donde las remesas aportan el 26.8% del PIB, el impacto anual estimado del nuevo impuesto podría superar los 275 millones de dólares, de acuerdo con proyecciones de economistas regionales. Solo entre enero y abril de este año, los envíos alcanzaron los 3 mil 608 millones, un aumento del 20.9% respecto al mismo periodo de 2024.
Guatemala, por su parte, recibió en 2024 alrededor de 21 mil 500 millones de dólares en remesas, equivalentes al 19.2% del PIB, y se proyecta un nuevo récord para este año con 23 mil 500 millones. Tres millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, muchos de ellos sin estatus migratorio regular.
En El Salvador, las remesas superan incluso a las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo. En 2024 se captaron 8 mil 479 millones, equivalentes al 24% del PIB, con más del 91% provenientes de EE.UU.
Nicaragua, cuya población migrante representa casi una quinta parte del total nacional, canalizó 5 mil 243 millones en remesas durante 2024, de los cuales el 82.8% procedió de territorio estadounidense. Las remesas representan el 26.6% del PIB. Expertos alertan que una caída del 7% provocada por el nuevo impuesto podría acelerar la migración y agravar la pobreza estructural.
Caribe y Sudamérica también en riesgo
Haití recibió 3 mil 635 millones de dólares en remesas, el 16.3% del PIB, mientras que República Dominicana obtuvo 10 mil 756 millones en 2024, equivalentes al 8.7% del PIB, con más del 80% procedente de EE.UU. El impacto del nuevo tributo, sumado a comisiones bancarias, podría reducir el ingreso disponible de los hogares dominicanos en casi 960 millones de dólares anuales.
En Jamaica, donde el 69.7% de las remesas proviene de Estados Unidos, los envíos sumaron 3 mil 357 millones de dólares el año pasado. El primer ministro Andrew Holness ya hizo un llamado a la diáspora para que “regrese, invierta y aporte al país”, ante la posible caída de ingresos.
Una columna económica en riesgo
De concretarse, el impuesto podría generar 22 mil millones de dólares en recaudación fiscal para EE.UU. entre 2026 y 2034, pero también significaría un golpe directo a los países que dependen de estos flujos para sostener su economía y su desarrollo social.
En al menos cinco naciones —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití— las remesas representan más del 18% del PIB. En Honduras y Nicaragua, superan el 25%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha advertido que, sin estos recursos, millones de familias quedarían por debajo de la línea de pobreza.
Gobiernos latinoamericanos, bancos centrales y organizaciones migrantes han comenzado a movilizarse para presionar diplomáticamente contra la medida, que aún debe ser debatida en el Senado y promulgada por Trump para su entrada en vigor.
