Gobiernos del norte refuerzan estrategia ante repunte delictivo vinculado a repatriaciones

Frente al creciente flujo de migrantes repatriados desde Estados Unidos y el aumento de delitos cometidos en regiones fronterizas, los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila anunciaron una estrategia conjunta de seguridad y reinserción social enfocada en atender el fenómeno de la repatriación masiva. Las autoridades estatales han expresado su preocupación por el impacto que este fenómeno está teniendo en la seguridad pública, la economía local y la estabilidad social de los municipios colindantes con la frontera norte.

Durante una reunión interinstitucional realizada en Monterrey, los gobernadores de los tres estados, junto con titulares de seguridad pública, migración y procuración de justicia, delinearon un plan coordinado para identificar, registrar y dar seguimiento a las personas deportadas con antecedentes penales. El acuerdo incluye también acciones para fortalecer la cooperación con el gobierno federal, particularmente con el Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Aumento de delitos en zonas fronterizas
Los municipios fronterizos, especialmente Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Anáhuac, han registrado en los últimos meses un repunte de delitos como robo con violencia, extorsión, narcomenudeo y homicidios, muchos de ellos presuntamente vinculados a personas recientemente repatriadas. Aunque las autoridades no señalan que todos los deportados representen un riesgo, reconocen que una parte de ellos llega sin redes familiares, sin apoyo institucional y, en algunos casos, con antecedentes criminales en Estados Unidos.

Esta situación ha generado inquietud entre empresarios, comerciantes y comunidades locales, que exigen medidas urgentes para evitar que las zonas de recepción de migrantes se conviertan en puntos de alta conflictividad. Los gobiernos estatales han insistido en la necesidad de compartir información entre agencias estadounidenses y mexicanas para prevenir la reincidencia delictiva y asegurar un control más eficaz sobre las personas retornadas.

Programa de seguimiento e inserción
Como parte del nuevo plan, se anunció la creación de un sistema regional de seguimiento a repatriados, que incluirá la recopilación de datos biométricos, entrevistas de riesgo y vinculación inmediata a programas de empleo, educación y salud mental. Esta estrategia busca no solo reducir el potencial delictivo, sino también ofrecer una segunda oportunidad a quienes regresan al país con la intención de rehacer su vida de forma legal.

Los tres estados también impulsarán campañas de información sobre derechos y obligaciones para migrantes repatriados, al mismo tiempo que se establecerán módulos de apoyo psicológico y orientación legal en los principales puntos de entrada. Las autoridades han reconocido que, si bien muchos migrantes son víctimas de políticas migratorias duras, es indispensable evitar que el abandono institucional los orille a la delincuencia organizada.

Llamado a la federación
Durante el encuentro regional, los gobernadores coincidieron en que el fenómeno migratorio no puede ser atendido únicamente desde una perspectiva humanitaria o de seguridad, sino como un asunto de Estado que requiere coordinación nacional e internacional. Hicieron un llamado al gobierno federal para destinar más recursos a los estados receptores, establecer criterios claros para la repatriación segura y responsable, y fortalecer los convenios bilaterales con Estados Unidos en materia de migración y justicia penal.

Asimismo, insistieron en que la frontera no debe seguir siendo una válvula de presión sin atención estructural, ya que la inseguridad derivada de la repatriación desordenada pone en riesgo no solo a las comunidades fronterizas, sino también a la viabilidad de proyectos clave como los corredores logísticos, los parques industriales y las zonas económicas especiales.