Proponen hasta 8 años de cárcel por venta y compra de vapeadores y cigarrillos electrónicos
Proponen hasta 8 años de cárcel por venta y compra de vapeadores y cigarrillos electrónicos
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca armonizar la Ley General de Salud con la reforma constitucional que prohíbe estos dispositivos y destaca el creciente uso entre menores de edad como un grave problema de salud pública.
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2025 – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha presentado una iniciativa ante la Cámara de Diputados que propone sanciones de hasta ocho años de prisión y multas significativas para quienes compren, vendan, almacenen o produzcan cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.
La propuesta, recibida por el legislativo el pasado 26 de septiembre, busca adecuar la Ley General de Salud a la reforma constitucional promulgada el 17 de enero de 2025, la cual estableció la prohibición total de la producción, distribución y venta de estos productos, así como de drogas sintéticas como el fentanilo.
Para materializar estas sanciones, la iniciativa introduce un nuevo tipo penal a través de la adición del artículo 456 Bis a la ley. De ser aprobada, se impondrá una pena de “uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)” a quien participe en cualquier etapa de la cadena comercial de estos dispositivos.
La justificación de la medida se fundamenta en un creciente problema de salud pública, especialmente entre los jóvenes. La propuesta subraya la preocupación por el alarmante aumento del uso de vapeadores entre menores de edad. Datos de 2022 indican que aproximadamente medio millón de adolescentes de entre 10 y 19 años ya utilizaban estos dispositivos.
Además, el gobierno federal se apoya en hallazgos de la Secretaría de Salud que han relacionado el uso de cigarrillos electrónicos con graves padecimientos, incluyendo la lesión pulmonar asociada al vapeo (EVALI), daños cardiovasculares y un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer. Con esta iniciativa, se busca crear el marco jurídico necesario para hacer cumplir el mandato constitucional y proteger la salud de la población, con un énfasis particular en la juventud.
