FGR mantiene orden de captura contra ex gobernadores de Nayarit
FGR mantiene orden de captura contra Ney González e investiga Roberto Sandoval por corrupción inmobiliaria en Nayarit
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que sigue vigente la orden de aprehensión y la ficha roja de Interpol contra exgobernador de Nayarit, Ney González (2005-2011), y que mantiene abierta una investigación contra su sucesor, Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), por la presunta venta irregular de terrenos turísticos pertenecientes al patrimonio estatal
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La fiscal esecializada Cristina Reséndiz Durruti subrayó que las órdenes de capturan datan de 2023 y son parte de una denuncia del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), en un expediente que la FGR considera uno de los mayores casos de corrupción inmobiliaria del país.
La FGR acusa a González Sánchez de encabezar un esquema de desincoporación irregular de terrenos costeros en Bahía de Banderas y Compostela. Los predios fueron supuestamente vendidos a precios íntimos, algunos a 50 pesos por metro cuadrado, mediantes contratos simulados y fideicomisos paralelos para desviar recursos.
Ney González es buscado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso indebido del servicio público.
Respecto a Roberto Sandoval, actualmente preso desde 2021 y sentenciado a siete años por falsificación de documentos y procesado por lavado de dinero, la FGR confirmó que es investigado por dar continuidad a las mismas prácticas irregulares, aunque aún no existe una orden de captura federal en su contra por este caso específico.
🏛️ Recuperación Millonaria y Cuentas Aseguradas
Como resultado del caso, denominado “Mega Operativo Nayarit”, las autoridades estatales informaron la recuperación de 9.6 millones de metros cuadrados de terrenos en zonas turísticas como Nuevo Vallarta y Sayulita, valuados en más de 50 mil millones de pesos.
Adicionalmente, la FGR y la fiscalía estatal aseguraron 359 cuentas bancarias vinculadas a exfuncionarios, empresarios y familiares de los exmandatarios, con recursos por más de 7 mil millones de pesos.
Pese a la ratificación de las investigaciones, la FGR no anunció nuevas acciones judiciales. Si bien las autoridades locales sostienen que las resoluciones contractuales obtenidas ya son “cosa juzgada”, personas afectadas cuestionan que existan recursos legales en trámite y reclaman al gobierno estatal que aclare los mecanismos para reparar el daño a terceros que adquirieron o vendieron terrenos de buena fe.
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