A un mes del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, el Gobierno de México anunció este miércoles el inicio formal del procedimiento de reparación integral del daño para las víctimas y sus familias, tras la conclusión de las investigaciones preliminares sobre el accidente que dejó 14 personas sin vida y más de un centenar de lesionados.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a partir del próximo lunes 2 de febrero se instalarán mesas de atención en las localidades de las familias afectadas, donde integrantes de un grupo interinstitucional —que incluye a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)— iniciarán el diálogo para definir las condiciones y montos de las compensaciones.
“Este proceso de reparación integral del daño se llevará a cabo conforme a la ley, en comunicación directa con cada una de las familias afectadas y según lo determinen las investigaciones y las aseguradoras correspondientes”, detalló la mandataria en su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Sheinbaum Pardo enfatizó que cada familia podrá decidir si acepta o no la propuesta de reparación integral, la cual contempla tanto la indemnización económica como otros apoyos que se ajusten a las necesidades particulares de los afectados. “No es algo que se imponga; las víctimas deben aceptar la reparación integral o, en su caso, continuar con el proceso legal que consideren pertinente”, apuntó la presidenta.
Hasta ahora, recordó la jefa del Ejecutivo, el Gobierno federal había entregado un apoyo económico inmediato de 30,000 pesos por familia, destinado a cubrir gastos urgentes tras la emergencia, como funeral o atención médica inicial. Sin embargo, ese monto se considera solo un auxilio temporal y no sustituye la reparación integral que será definida por peritajes, aseguradoras y autoridades competentes.
El accidente del Tren Interoceánico ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico que viajaba de Salina Cruz, Oaxaca, hacia Coatzacoalcos, Veracruz, se salió de las vías en una curva cerca de la localidad de Nizanda, provocando que uno de los vagones cayera por un barranco. A bordo iban alrededor de 250 personas.
Según informes preliminares de la FGR, el descarrilamiento fue causado por exceso de velocidad, ya que la locomotora circulaba por encima de los límites permitidos en ese tramo. Las autoridades han iniciado una carpeta de investigación para esclarecer las causas y posibles responsabilidades administrativas o penales.
El proceso de reparación integral del daño también contempla acompañamiento legal, médico y psicológico, así como indemnizaciones diferenciadas según el grado de afectación a cada víctima o familia. Las mesas de atención serán el espacio para que cada afectado pueda expresar sus necesidades y decisiones.
Organizaciones de víctimas y colectivos civiles han señalado que este tipo de mesas de reparación representan un paso importante, pero han pedido que se garantice transparencia total y que las autoridades no apliquen criterios uniformes ante casos con impactos distintos. Algunos familiares han expresado también la necesidad de conocer con claridad los criterios técnicos y legales que se aplicarán para calcular las compensaciones.
Por su parte, especialistas en derechos humanos han señalado que la reparación integral no solo debe limitarse a una compensación económica, sino también incluir medidas que aseguren acceso a servicios de salud a largo plazo, educación y apoyo para reinserción laboral, cuando corresponda.
Además, el proceso se da en un contexto en el que varios sectores han demandado una investigación externa y más amplia que no solo determine la causa inmediata del accidente, sino que evalúe aspectos técnicos de la construcción, diseño y operación del corredor ferroviario, así como la respuesta institucional al siniestro.
Sheinbaum Pardo reiteró que el Estado mexicano está comprometido a garantizar justicia y reparación a las víctimas, y aseguró que las mesas de atención se llevarán a cabo con respeto y bajo estándares internacionales de derechos humanos. Además, indicó que se otorgará apoyo permanente a las familias afectadas mientras avanzan las investigaciones.
Con el inicio de este proceso, el Ejecutivo federal busca cerrar una de las etapas más sensibles tras la tragedia, reconociendo el dolor de las víctimas y subrayando la necesidad de avanzar hacia una reparación completa y digna, acorde con las leyes mexicanas y los compromisos internacionales en materia de atención a víctimas.
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