Un juez federal determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe entregar 853 folios de inteligencia del ejercito generados en 2014, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en una resolución que busca avanzar en la búsqueda de verdad y justicia tras más de una década de impunidad.
El Poder Judicial de la Federación emitió una resolución histórica en el emblemático caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero, en 2014: ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información de inteligencia que generó durante ese año, pese a que hasta ahora una parte de esos documentos no había sido proporcionada oficialmente.
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México dictó el pasado 19 de febrero de 2026 el fallo en el juicio de amparo 1350/2023, que obliga a la Sedena a entregar aproximadamente 853 folios elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) con sede en Iguala, así como otros documentos de inteligencia militar que se consideran esenciales para esclarecer los hechos de la desaparición.
Las familias de los estudiantes presentaron la demanda en agosto de 2023, luego de años de reclamos por la falta de acceso pleno a los reportes generados por autoridades militares, que han sido considerados por organismos de derechos humanos como posibles piezas clave para entender qué ocurrió antes, durante y después de la desaparición.
El fallo judicial señala que la discontinuidad en la numeración de los documentos no demuestra su inexistencia, por lo que deben ser entregados para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad. Además, el juez determinó que la información solicitada no puede clasificarse como confidencial o secreta, dada la importancia pública y el interés de las familias de conocer lo sucedido.
Organizaciones civiles y de derechos humanos que acompañan a las familias han valorado la decisión como un avance significativo en un caso que ha enfrentado múltiples obstáculos y resistencia de algunas instancias militares para revelar información completa.
La orden conjunta se extendería tanto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como a la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), organismos que han promovido la transparencia en el proceso investigativo.
A más de once años de los hechos, este fallo es uno de los pasos judiciales más relevantes para acercar a las familias de los normalistas y a la sociedad mexicana al esclarecimiento de uno de los casos de violaciones a derechos humanos más emblemáticos del país.
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