Autoridades españolas defienden su legislación y rechazan cuestionamientos de Washington.
El gobierno de España criticó lo que consideró una “injerencia” de Estados Unidos en el caso de una joven que recurrió a la eutanasia, luego de que surgieran reportes sobre una posible investigación impulsada por la administración de Donald Trump.
La polémica se desató tras versiones que apuntan a que autoridades estadounidenses solicitaron información sobre el proceso que llevó a la muerte asistida de la joven española, lo que generó una fuerte reacción del gobierno encabezado por Pedro Sánchez.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió el sistema español y aseguró que el país cuenta con un marco legal “sólido y garantista” que regula la eutanasia, con evaluaciones médicas, comités especializados y aval judicial.
Además, cuestionó la postura de Washington y pidió respetar las decisiones soberanas, al considerar inapropiado que otro país opine sobre un proceso legal interno.
El caso gira en torno a una joven de 25 años que obtuvo el derecho a la eutanasia tras un largo proceso judicial, avalado por distintas instancias en España, en medio de un intenso debate social y político.
España recordó que la eutanasia es legal desde 2021 y que su aplicación está sujeta a estrictos requisitos, por lo que insistió en que se trata de una decisión personal protegida por la ley.
La controversia ha escalado a nivel internacional, evidenciando tensiones entre ambos países en torno a temas de derechos, soberanía y políticas públicas.
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