Caso Raymundo Ramos: cancelación de visa en 2019 y sanciones de EU reavivan polémica

Activista denuncia persecución tras señalamientos de la OFAC por presuntos vínculos criminales

El caso del activista tamaulipeco Raymundo Ramos volvió al centro del debate luego de que se revelara que la cancelación de su visa estadounidense en 2019 y las recientes sanciones del gobierno de Estados Unidos podrían estar vinculadas a una serie de acusaciones y conflictos con autoridades.

De acuerdo con el propio Ramos, su visa fue retirada hace años tras gestiones del entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en medio de señalamientos en su contra y la apertura de investigaciones.

El activista, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, fue recientemente incluido en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusa de presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y de encabezar campañas de desinformación contra autoridades mexicanas.

Estas sanciones implican el congelamiento de posibles activos en territorio estadounidense y la prohibición de que ciudadanos o empresas de ese país realicen transacciones con él.

Ramos rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que se trata de una “criminalización” de su labor como defensor de derechos humanos, destacando que su trabajo se ha centrado en documentar abusos de fuerzas de seguridad, incluidos casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Además, advirtió que los señalamientos lo colocan en una situación de riesgo, al ser etiquetado como presunto colaborador de un grupo criminal, lo que podría derivar en amenazas o agresiones.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones civiles, ya que ocurre en un contexto donde el activista ha denunciado espionaje en su contra con el software Pegasus y ha impulsado procesos judiciales contra integrantes de las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos.

La controversia refleja la tensión entre autoridades y defensores de derechos humanos en México, mientras persisten dudas sobre los fundamentos de las acusaciones emitidas por Estados Unidos.

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