El proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente, respaldado con 860 millones de dólares por un banco alemán, enfrenta protestas de comunidades indígenas, organizaciones ambientales y observaciones de organismos internacionales.
La construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, respaldada por una inversión de 860 millones de dólares provenientes de financiamiento alemán, ha reavivado la confrontación entre la empresa promotora del proyecto y comunidades indígenas, pescadores y organizaciones ambientalistas que buscan frenar su desarrollo.
El proyecto es impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la compañía suizo-alemana Proman AG, y cuenta con el respaldo financiero del banco alemán KfW IPEX-Bank, que coordina un consorcio de préstamos por 860 millones de dólares. La planta está diseñada para producir alrededor de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, insumo utilizado en las industrias agrícola, farmacéutica y energética.
La controversia se intensificó a finales de mayo, cuando comenzó el arribo de infraestructura al puerto de Topolobampo para avanzar en la construcción de la obra. Habitantes de la zona denunciaron afectaciones derivadas de los trabajos y acusaron falta de información sobre las maniobras realizadas en el área.
El proyecto se desarrolla en las inmediaciones de la Bahía de Ohuira, un ecosistema integrado al sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su importancia ambiental. Diversos colectivos sostienen que la operación de la planta podría generar impactos negativos en la biodiversidad, la pesca y las actividades económicas de las comunidades locales.
La resistencia al proyecto ha escalado a nivel internacional. Una delegación del colectivo “¡Aquí No!” viajó a Berlín para presentar una queja formal ante el banco KfW IPEX-Bank, argumentando que recursos alemanes no deben utilizarse para financiar una obra que, a su juicio, pone en riesgo el equilibrio ecológico de la región. Además, nueve relatorías especiales de la Organización de las Naciones Unidas enviaron comunicaciones a los gobiernos de México, Alemania y Suiza para expresar preocupación por las posibles afectaciones ambientales y sociales asociadas con el proyecto.
La oposición también ha tomado fuerza en plataformas digitales. Hasta principios de junio, una petición ciudadana para detener la planta acumulaba más de 135 mil firmas, mientras que comunidades mayo-yoreme y organizaciones civiles convocaron a movilizaciones para exigir la cancelación de la obra y el retiro del financiamiento extranjero.
Por su parte, GPO sostiene que la planta cumple con las disposiciones ambientales vigentes y asegura que el proyecto incluye programas de conservación para especies y ecosistemas de la zona. La empresa afirma que el terreno donde se construye ya presentaba intervención previa y que las autoridades ambientales validaron las condiciones del sitio.
Aunque la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte fue validada por un juzgado federal en 2023, el proyecto continúa envuelto en disputas legales y sociales. Hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva que haya ordenado la cancelación de la planta, por lo que la obra sigue avanzando en medio de un intenso debate sobre sus beneficios económicos y sus posibles consecuencias ambientales.
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