Comunidades mayo-yoreme exigen la cancelación definitiva del proyecto en la bahía de Ohuira y advierten que permanecerán en el sitio hasta obtener una respuesta del Gobierno federal.
La madrugada de este lunes, integrantes de comunidades indígenas mayo-yoreme iniciaron la toma pacífica e indefinida de la planta de amoniaco que se construye en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, en rechazo a un proyecto que consideran una amenaza para el medio ambiente y para la permanencia de los pueblos originarios en la región.
El movimiento, agrupado bajo la consigna “¡Aquí No!”, instaló un campamento en los accesos de la planta y anunció que permanecerá en el lugar el tiempo que sea necesario hasta recibir una respuesta favorable de las autoridades federales. De acuerdo con Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del colectivo, la protesta busca frenar la operación de la planta y exigir acciones concretas para proteger la bahía.
Las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos sostienen que la planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, provocará daños irreversibles al ecosistema de la bahía, considerada una zona de alto valor ecológico y fuente de sustento para miles de familias dedicadas a la pesca.
Entre sus principales demandas se encuentran la cancelación y clausura definitiva de la obra, así como la reparación de los daños ambientales ocasionados por la tala de manglares y la alteración de humedales en la zona. Los manifestantes aseguran que la construcción ha afectado áreas naturales protegidas y especies que habitan en el sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional.
Los opositores al proyecto también han expresado preocupación por los posibles efectos de la operación de la planta, que contempla la producción de alrededor de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco. Argumentan que el uso intensivo de agua marina y los riesgos asociados al manejo de sustancias químicas podrían afectar la biodiversidad, la actividad pesquera y la calidad de vida de las comunidades cercanas.
La resistencia contra la planta se ha mantenido durante más de una década. En ese periodo, los pueblos mayo-yoreme han promovido acciones legales y movilizaciones para exigir que se respeten sus derechos territoriales y de consulta. Aunque en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó realizar un proceso de consulta indígena, los opositores sostienen que éste no garantizó plenamente la participación de las comunidades afectadas.
Mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) analizan el cumplimiento de la normatividad ambiental del proyecto, los manifestantes reiteraron que no abandonarán el campamento hasta obtener una resolución que garantice la protección de la bahía de Ohuira y de los pueblos originarios que dependen de ella.
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