Tomoko Akane fue incluida en la lista de sancionados junto con un alto funcionario del tribunal
Washington.- Estados Unidos impuso este martes sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya. La medida también alcanzó al abogado senegalés Abdoulaye Seye, funcionario de alto nivel de la Corte.
El Departamento del Tesoro estadounidense incorporó a Akane y Seye a su lista de Nacionales Especialmente Designados, lo que implica el bloqueo de cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para que ciudadanos y empresas de Estados Unidos realicen transacciones con ellos.
La decisión fue anunciada en medio de las crecientes tensiones entre Washington y la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al tribunal de ser una institución “corrupta y politizada” y sostuvo que sus funcionarios han participado en investigaciones y procesos contra personas cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción de la Corte.
Akane, de nacionalidad japonesa, ocupa la presidencia de la CPI desde marzo de 2024 y permanecerá en el cargo hasta 2027. Estados Unidos no es miembro del tribunal y tampoco reconoce su jurisdicción, mientras que la CPI ha investigado presuntos crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán y posibles crímenes de guerra relacionados con el conflicto en Gaza.
Las nuevas sanciones se suman a las medidas adoptadas previamente por el gobierno de Trump contra fiscales y jueces de la CPI, particularmente después de que el tribunal emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra.
La administración estadounidense ha intensificado su campaña para limitar las operaciones de la Corte y ha buscado convencer a los países miembros de abandonar el organismo. Las medidas contra Akane y Seye representan una nueva escalada en el enfrentamiento entre Washington y la institución encargada de investigar y juzgar los crímenes internacionales más graves.
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