Un informe oficial de Estados Unidos documentó el uso de espacios restrictivos para migrantes y detectó irregularidades en atención médica, alimentación, higiene y seguridad
Migrantes indocumentados detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, en Florida, fueron confinados durante casi dos horas en pequeñas jaulas que el personal denominaba “áreas de relajación”, de acuerdo con un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
El documento calificó el uso de estos espacios como una práctica poco convencional y contraria a los estándares de trato humanitario. Los investigadores señalaron que las instalaciones eran utilizadas para que los detenidos “reflexionaran” sobre su comportamiento, controlaran sus emociones, redujeran el estrés y practicaran la autogestión.
Las jaulas tenían aproximadamente 1.2 metros de ancho por 1.2 metros de largo y poco más de dos metros de altura, dimensiones comparables a las de una cabina telefónica. El informe documentó al menos un caso en el que una de estas estructuras pudo haber sido utilizada como medida disciplinaria contra un detenido.
La Oficina del Inspector General determinó que el empleo de estos espacios restrictivos no tenía precedentes en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y concluyó que su utilización no se ajustaba a las normas establecidas para garantizar un trato humano a las personas bajo custodia migratoria.
Las condiciones ya habían sido cuestionadas anteriormente por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Amnistía Internacional denunció que las jaulas eran utilizadas para castigar a los migrantes y las calificó como una forma de tortura.
El informe también identificó incumplimientos en al menos seis normas federales relacionadas con la atención médica, la alimentación, la higiene y la seguridad ambiental. Entre las irregularidades detectadas se encontraron duchas infestadas de insectos, falta de agua potable y condiciones deficientes en las áreas destinadas a los detenidos.
El centro “Alligator Alcatraz” fue construido en Florida con una inversión aproximada de 300 millones de dólares como parte de la política de deportaciones masivas impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La instalación permaneció en funcionamiento durante aproximadamente un año antes de su cierre. Frente a las acusaciones sobre las condiciones en las que permanecían los migrantes, el Departamento de Seguridad Nacional rechazó que se hubiera proporcionado un trato inhumano y sostuvo que el centro cumplía con los estándares establecidos por la administración anterior.
El centro enfrenta además demandas presentadas por exdetenidos debido a las condiciones insalubres que denunciaron durante su permanencia en las instalaciones. A estas acciones legales se suman procedimientos promovidos por grupos ambientalistas, que cuestionan los daños ocasionados en los Everglades por la construcción y operación del complejo.
La publicación del informe vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de los centros utilizados por el gobierno estadunidense para detener a migrantes indocumentados, particularmente en el contexto de las políticas de deportación impulsadas por la administración Trump.
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