El presidente chileno dijo que las solicitudes serán revisadas una por una y defendió la posibilidad de otorgar el beneficio por razones humanitarias
El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que su gobierno recibió más de 100 solicitudes de indulto, en su mayoría presentadas por civiles y militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
Kast señaló que cada petición será analizada de manera individual y descartó la aplicación de una regla general para resolver los casos. Explicó que, ante una solicitud de indulto, corresponde revisar los antecedentes de la persona condenada y determinar las circunstancias particulares de cada caso.
El mandatario sostuvo que conceder un indulto no significa modificar ni anular una sentencia judicial, sino ejercer una facultad que corresponde al Presidente de la República.
“Uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el presidente de la República hasta el día de hoy”, afirmó Kast al defender el procedimiento.
El presidente chileno también planteó que las condiciones de salud de algunos de los condenados deben ser consideradas en la evaluación de las solicitudes. En particular, señaló que las personas que padecen enfermedades terminales no deberían morir en prisión.
Las declaraciones se producen mientras organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos han expresado su rechazo a la posibilidad de que se concedan estos beneficios a quienes fueron condenados por delitos cometidos durante la dictadura.
Actualmente permanecen en prisión alrededor de 400 personas condenadas por crímenes de Estado. Algunos de los sentenciados acumulan condenas de cientos e incluso más de mil años de prisión debido al número y gravedad de los delitos en los que participaron como autores, cómplices o encubridores.
Luis Cordero, quien fue ministro de Seguridad y de Justicia durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, afirmó que los crímenes de lesa humanidad no deben ser objeto de indulto.
Cordero sostuvo que el Estado chileno tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales, conservar los archivos relacionados con los casos y continuar con la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura.
También advirtió sobre las consecuencias que tendría conceder indultos a personas condenadas por violencia ejercida desde el Estado y señaló que una decisión de ese tipo tendría efectos no solamente sobre los beneficiarios, sino sobre la sociedad chilena en su conjunto.
El debate ocurre después de que Chile conmemorara el 53 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fecha que este año no tuvo un acto oficial organizado por el gobierno de Kast.
Mientras organizaciones de derechos humanos mantienen su oposición a los indultos, sectores de la ultraderecha también han presionado al gobierno para acelerar la resolución de las solicitudes.
El senador Ignacio Urrutia criticó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por no haber presentado hasta ahora ninguna solicitud favorable para consideración del presidente, y exigió avanzar con rapidez en los casos de condenados que, debido a su edad y estado de salud, permanecen encarcelados.
Kast, por su parte, mantiene la postura de revisar las peticiones de manera individual antes de determinar si concede alguno de los indultos solicitados.
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