Ronald Johnson afirmó que Washington buscará afectar también a quienes faciliten las operaciones de la organización criminal
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que los funcionarios que presuntamente faciliten las operaciones del Cártel de Sinaloa también serán objetivo de las acciones emprendidas por Washington contra la organización criminal.
Las declaraciones del diplomático se producen después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, y una red integrada por 21 personas y 25 empresas vinculadas con la facción conocida como “La Mayiza”.
Johnson señaló que la estrategia estadounidense no se limita a los líderes de las organizaciones criminales, sino que también contempla a presuntos traficantes, operadores financieros, empresas señaladas como fachada y funcionarios que, de acuerdo con las investigaciones estadounidenses, contribuyan al funcionamiento de estas estructuras.
“Vamos contra toda la red”, afirmó el embajador, quien añadió que las sanciones buscan afectar las finanzas de las organizaciones criminales.
Entre las personas sancionadas se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. También aparecen Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo del Gobierno estatal. Los señalamientos corresponden a las autoridades estadounidenses.
Johnson también recordó que Estados Unidos mantiene recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”; René Arzate García, “La Rana”, y Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.
El embajador sostuvo que las personas que lideren estas redes, obtengan beneficios de ellas o faciliten sus operaciones serán consideradas dentro de las acciones estadounidenses.
Las sanciones de la OFAC constituyen medidas administrativas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos y los señalamientos incluidos en ellas no equivalen por sí mismos a una sentencia penal. Algunos de los señalados han rechazado las acusaciones en su contra.
La nueva medida forma parte de la estrategia de Washington para afectar las estructuras financieras y operativas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, incluyendo a personas y empresas que, según las autoridades estadounidenses, contribuyen a mantener sus actividades.
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