Militares reconocieron asesinatos de palestinos desarmados y ataques contra zonas habitadas; sus testimonios revelan cambios en los criterios para autorizar bombardeos durante la ofensiva
Soldados israelíes reconocieron haber participado en operaciones militares en la Franja de Gaza en las que murieron palestinos desarmados y se destruyeron viviendas, de acuerdo con testimonios publicados en medios de comunicación internacionales. Los relatos describen prácticas que, según los propios militares, permitieron ampliar los ataques y considerar a civiles como daños colaterales.
Uno de los testimonios corresponde a David, un reservista de infantería que participó en varias misiones en el centro de Gaza y en Jan Yunis. El militar afirmó que su unidad mató a numerosos hombres desarmados y señaló que algunos soldados interpretaban esos asesinatos como parte de un deber religioso.
David también recordó que durante las operaciones escuchó llamados a exterminar a los árabes y destruir Gaza, además de referencias a la construcción de asentamientos en el territorio palestino. En sus declaraciones mencionó expresiones relacionadas con discursos de integrantes de la coalición gubernamental encabezada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Otro reservista, identificado como Yaakov, relató que se ofreció como voluntario para combatir en Gaza y permaneció alrededor de 250 días en la zona central del enclave. Según su testimonio, durante más de 80 días de operaciones su brigada mató entre 160 y 170 personas, de las cuales, aseguró, solamente una fue sospechosa de portar un arma. Pese a ello, los fallecidos fueron registrados como terroristas.
Los relatos también cuestionaron la forma en que las autoridades militares presentan las víctimas de los ataques. Tal, otro reservista israelí, describió las consecuencias de un ataque contra el hospital Nasser, en Jan Yunis, ocurrido el 25 de agosto de 2025, en el que murieron 22 personas, incluidos cinco periodistas.
El militar sostuvo que, cuando se registran muertos o heridos, una de las primeras respuestas del ejército consiste en vincular a las víctimas con Hamas, lo que, según su explicación, contribuye a mejorar la imagen de las operaciones ante la opinión pública internacional. También relató que algunos soldados se referían a los reporteros como cámaras de Hamas y reconoció que un camarógrafo de Reuters que murió en un ataque no era un terrorista.
Otros testimonios difundidos en días recientes por medios israelíes apuntan a cambios en las reglas para autorizar ataques aéreos. Cuatro integrantes de la inteligencia militar declararon que recibieron instrucciones para utilizar bombas de gran potencia contra edificios habitados de la Franja de Gaza sin evacuar previamente a sus residentes.
Uno de los casos descritos corresponde a un bombardeo realizado el 31 de octubre de 2023 contra un complejo residencial en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza. De acuerdo con los testimonios, el objetivo era un comandante de Hamas que presuntamente se encontraba bajo tierra, pero las fuerzas atacaron edificios en los que permanecían civiles.
Los militares señalaron que las estimaciones de inteligencia contemplaban la posibilidad de que entre 250 y 300 personas resultaran afectadas por el ataque. Uno de los soldados afirmó que, después del bombardeo, se supo que la cifra de personas fallecidas rondaba las 250.
Los relatos describen una ampliación de los criterios para definir objetivos militares y aceptar víctimas civiles como consecuencia de los ataques. Según las declaraciones, operaciones que anteriormente habrían requerido mayores restricciones comenzaron a autorizarse con un margen más amplio para el uso de armamento pesado.
El ejército israelí ha sostenido que sus operaciones buscan combatir a Hamas y que adopta medidas para reducir las afectaciones a la población civil. En relación con el ataque contra Yabalia, afirmó que el bombardeo fue replanteado en varias ocasiones para disminuir los daños y que el número de víctimas civiles superó las estimaciones iniciales.
Las denuncias han reavivado el debate sobre la responsabilidad de los mandos militares y de las autoridades que autorizan las operaciones. Nadav Weiman, director ejecutivo de la organización israelí Breaking the Silence, cuestionó que se acepten cifras elevadas de víctimas civiles para atacar a presuntos integrantes de grupos armados y pidió que quienes emitieron las órdenes rindan cuentas.
La situación también tiene implicaciones en el ámbito judicial internacional. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia analiza el caso presentado por Sudáfrica, al que se han sumado otros países, en el que Israel enfrenta acusaciones de genocidio contra la población palestina. Estos procedimientos son distintos y tienen alcances jurídicos diferentes.
Los testimonios de los militares no constituyen por sí solos una sentencia judicial, pero aportan relatos directos sobre las prácticas empleadas durante las operaciones y las decisiones relacionadas con la protección de la población civil. Las denuncias mantienen la atención internacional sobre la conducta de las fuerzas israelíes y la necesidad de esclarecer posibles violaciones del derecho internacional humanitario.
Noticias relacionadas:
Sigue los reportes de última hora en FM 105
Infórmate sobre los acontecimientos en El Vigía
Consulta las actualizaciones de la prensa en Entorno Informativo
