El Gobierno de Donald Trump busca impedir que se contabilicen papeletas de más de 20 mil personas cuya ciudadanía cuestiona, mientras las autoridades californianas rechazan la medida por falta de pruebas suficientes
El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda contra California para impedir que se contabilicen votos por correo de más de 20 mil personas señaladas como posibles no ciudadanas, en una nueva disputa sobre las reglas electorales antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La acción judicial fue impulsada por el Departamento de Justicia, que acusa a las autoridades electorales del estado de no atender una solicitud federal para revisar los registros de votantes cuya ciudadanía se encuentra bajo sospecha. La administración del presidente Donald Trump busca que se verifique la elegibilidad de las personas incluidas en la lista antes de que sus papeletas sean contabilizadas.
De acuerdo con el Gobierno federal, los nombres fueron identificados mediante la comparación de registros electorales con otras bases de datos oficiales. Las autoridades federales sostienen que es necesario comprobar si las personas señaladas cumplen con los requisitos legales para participar en los comicios.
Sin embargo, funcionarios de California cuestionaron la confiabilidad de la información entregada y señalaron que no recibieron pruebas suficientes para demostrar que los votantes incluidos en el registro carecen de ciudadanía estadounidense.
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, rechazó las exigencias federales y advirtió que tomar decisiones electorales con base en datos no verificados podría afectar los derechos de ciudadanos que sí cumplen con los requisitos para votar.
Por su parte, el fiscal general estatal, Rob Bonta, cuestionó la solicitud del Gobierno federal y señaló que las normas electorales limitan determinados cambios en los registros de votantes durante los 90 días previos a una elección. La disputa también plantea interrogantes sobre los alcances de la intervención federal en la administración electoral de los estados.
La controversia se produce mientras avanza el proceso de votación por correo para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado estadounidense.
El litigio podría tener consecuencias sobre la forma en que se revisan los registros electorales y se determina la elegibilidad de los votantes. La resolución judicial deberá establecer si procede la solicitud federal y qué medidas pueden aplicarse sin afectar el derecho al voto de ciudadanos habilitados.
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