Una investigación detectó vuelos militares estadounidenses, obras de ampliación y presencia de tropas en la base aérea de Taura, pese a las restricciones constitucionales sobre instalaciones militares extranjeras
La base aérea de Taura, en Ecuador, se ha convertido en un punto estratégico para las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Pacífico, de acuerdo con una investigación que documentó movimientos de aeronaves militares, obras de infraestructura y la presencia de personal estadounidense en las instalaciones.
Ubicada aproximadamente a una hora de Guayaquil, uno de los principales puertos de salida de droga hacia Estados Unidos, Taura cuenta con más de 70 años de antigüedad y dispone de una pista de más de tres mil metros. La instalación ha adquirido relevancia en el marco de la cooperación militar entre los gobiernos de Donald Trump y Daniel Noboa.
La investigación identificó alrededor de 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre de 2026, mediante registros de aviación, imágenes satelitales, testimonios y documentos militares. Entre las aeronaves detectadas se encuentran aviones de transporte C-130 Hércules y C-17 Globemaster, aparatos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.
Algunos vuelos conectaron Taura con instalaciones militares estadounidenses, entre ellas la base aérea de los Marines en Cherry Point, Carolina del Norte, y la de Dover, Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá.
Las imágenes también muestran trabajos para retirar vegetación alrededor de la pista y las vías de circulación, además de la instalación de decenas de tiendas de campaña y una estructura de aproximadamente 40 por 20 metros que tendría características similares a las de un hangar desmontable para el mantenimiento de aeronaves.
El despliegue ha generado interrogantes sobre el alcance de la presencia estadounidense y su compatibilidad con la legislación ecuatoriana. En noviembre de 2025, la población rechazó en un referendo la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en el país, una decisión que mantiene vigente la prohibición constitucional de establecer este tipo de instalaciones.
La controversia aumentó después de que Mauricio Salazar, entonces comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, solicitara aclaraciones sobre el marco jurídico para recibir militares estadounidenses y permitir el uso de la infraestructura de Taura. En una comunicación fechada a comienzos de septiembre, advirtió sobre la necesidad de garantizar que la cooperación no contraviniera la Constitución. Posteriormente, fue separado del cargo y asignado a una posición de menor rango.
El presidente Daniel Noboa ha defendido la cooperación con Washington y ha señalado que busca ampliar el trabajo conjunto con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. En septiembre, planteó que Taura concentrara distintas actividades de colaboración militar y anunció planes para mejorar las pistas de aterrizaje con el objetivo de facilitar operaciones conjuntas.
La ubicación de la base también resulta relevante por la situación de seguridad en la región. Ecuador enfrenta una crisis de violencia relacionada con organizaciones criminales y rutas de tráfico de drogas, mientras las autoridades buscan reforzar la vigilancia aérea y marítima.
Sin embargo, las operaciones conjuntas han provocado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos. Human Rights Watch pidió a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos transparentar la base legal de las intervenciones contra embarcaciones en el Pacífico y esclarecer denuncias de abusos contra tripulantes.
La organización ha señalado que las acusaciones de vínculos con el narcotráfico deben estar respaldadas por pruebas y que las acciones de seguridad deben respetar las garantías legales. Estas preocupaciones se suman al debate sobre la transparencia de los acuerdos militares y los límites de la cooperación internacional.
La expansión de las actividades en Taura refleja el fortalecimiento de la estrategia antidrogas de Washington en América Latina, pero también abre un debate en Ecuador sobre la soberanía nacional, el cumplimiento de la Constitución y la supervisión de las operaciones extranjeras en territorio ecuatoriano.
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