La presidenta cuestionó pagos de hasta 13 millones de pesos a exfuncionarios electorales y pidió investigar posibles irregularidades en contrataciones
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó las liquidaciones millonarias que recibieron exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) al concluir sus encargos, al considerar que, aunque los pagos pudieran ser legales, resultan inmorales por las cantidades entregadas.
Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria señaló que algunos exintegrantes del organismo recibieron entre 11 y 13 millones de pesos como compensación al dejar sus cargos.
Entre los casos mencionados destacó el del exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien habría recibido alrededor de 11 millones de pesos, así como el del exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, cuya liquidación habría sido superior.
Sheinbaum cuestionó que los funcionarios electorales percibieran salarios elevados durante su gestión y posteriormente obtuvieran pagos millonarios por concepto de retiro.
Por otra parte, la presidenta respaldó las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE, particularmente en la adquisición de materiales y servicios utilizados durante los procesos electorales.
Señaló que entre 2014 y 2025 existió una concentración de contratos en un grupo reducido de empresas, algunas de las cuales presuntamente funcionaban como intermediarias en la adquisición de materiales electorales.
En este contexto, mencionó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa abrió dos expedientes relacionados con posibles irregularidades en contratos que, en conjunto, superan los 563 millones de pesos.
La mandataria también pidió que las investigaciones avancen y que, en caso de existir elementos suficientes, intervenga la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar posibles responsabilidades.
Finalmente, celebró que el INE aprobara nuevos lineamientos para sus procesos de licitación, con el propósito de ampliar la competencia entre proveedores, evitar la concentración de contratos y garantizar un manejo más transparente de los recursos públicos.
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