
La iniciativa busca orientar a las familias sobre sus derechos, la reparación integral del daño y las obligaciones del Estado más allá de las labores de búsqueda e investigación
La activista mexicana Alejandra Cartagena López colabora con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la elaboración de una guía destinada a orientar a familiares de personas desaparecidas sobre los mecanismos de protección de sus derechos y la reparación del daño por parte del Estado.
Cartagena López, académica y defensora de derechos humanos, explicó que el documento pretende visibilizar las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que enfrenta una familia cuando uno de sus integrantes desaparece, una problemática que no termina con las labores de búsqueda e investigación.
La activista señaló que, además de localizar a las personas desaparecidas, los gobiernos deben atender las necesidades cotidianas de sus familiares, quienes frecuentemente enfrentan dificultades económicas, problemas para acceder a servicios de salud y obstáculos para garantizar la educación y una vida digna a niñas, niños y adolescentes.
En México existe la figura legal de Declaración Especial de Ausencia, un mecanismo que permite proteger la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y evitar que sus familiares pierdan derechos sobre sus bienes, patrimonio y otros aspectos legales mientras continúa su búsqueda.
La propuesta también contempla la necesidad de establecer mecanismos de reparación integral que permitan atender las afectaciones que enfrentan las familias, incluyendo aquellas que requieren tratamientos médicos, apoyo económico y protección social.
La trayectoria personal de Cartagena López está marcada por la desaparición de su madre y el asesinato de su padre en 1978, durante la llamada Guerra Sucia en México. Ambos hechos estuvieron relacionados con la pertenencia de sus padres a la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Su experiencia la llevó a estudiar Derecho y dedicar su vida a la defensa de los derechos humanos y al acompañamiento de colectivos de búsqueda, particularmente en Jalisco, donde colabora con el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO.
La activista también advirtió que la crisis de desapariciones en México es resultado de décadas de omisiones institucionales y complicidades, además de la presencia de grupos del crimen organizado en distintas regiones del país.
De acuerdo con los datos expuestos en el informe, México acumula más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, mientras que alrededor de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar, lo que evidencia los desafíos que enfrenta el país en materia de búsqueda e identificación humana.
La elaboración de esta guía representa un esfuerzo internacional para que los derechos de las familias sean reconocidos y protegidos, y para que los gobiernos asuman sus responsabilidades frente a las consecuencias de las desapariciones.
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