Organizaciones ambientalistas, defensores de migrantes y representantes indígenas demandaron investigar los daños ambientales y las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro de detención.
Organizaciones ambientalistas, defensoras de los derechos de los migrantes y representantes de comunidades indígenas exigieron a las autoridades de Estados Unidos y del estado de Florida investigar y reparar los daños ocasionados por el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, luego de que el gobernador Ron DeSantis anunciara el cierre de la instalación.
Los colectivos señalaron que el complejo, construido en 2025 a petición del Gobierno del presidente Donald Trump dentro de una zona ecológicamente sensible de los Everglades, dejó afectaciones ambientales y motivó diversas demandas por presuntas violaciones a la legislación ambiental y a los derechos de comunidades indígenas.
Además de denunciar el impacto sobre el ecosistema, los activistas afirmaron que el centro se convirtió en un símbolo de abusos contra personas migrantes, quienes reportaron condiciones insalubres, acceso limitado a servicios básicos y restricciones para recibir asistencia legal y médica durante su detención.
Las organizaciones solicitaron la apertura de una investigación independiente para determinar responsabilidades, remediar los daños ambientales en los Everglades y garantizar justicia para las personas que permanecieron recluidas en el centro migratorio, pese a que la instalación ya fue clausurada.
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