Una empleada de la Comisión Estatal del Agua denunció actos de acoso laboral y sexual por parte del director comercial del organismo operador del agua potable el cual ya fue separado de su cargo
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno así como la Comisión Estatal del Agua (CEA), separaron del cargo a quien se desempeñaba como director comercial del organismo operador del agua potable en Guaymas, al ser acusado del delito de acoso laboral y sexual en contra de una empleada.
Fue el pasado viernes 7 de agosto, cuando la afectada acudió al despacho del administrador de la CEA, César Javier Granich Duarte, para reportar a su jefe inmediato, al afirmar que en varias ocasiones el ex funcionario se dirigía con actos no propios, además de considerar una agresión tanto laboral y sexual.
De inmediato se procedió a activar el protocolo establecido de atención centrada en la protección de la integridad de la víctima.
A la vez que el área jurídica de la CEA levantó un acta de hechos, en contra de Miguel, quien fue separado de su cargo como director comercial del organismo operador del agua potable, por indicaciones del administrador, César Granich Duarte.
Cabe destacar que se notificó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, donde ya se realizan las investigaciones internas, además de que a la afectada se le brinda la asesoría para que interponga la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES).
Cabe recordar que recientemente se dio a conocer la implementación del protocolo para prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual en las dependencias gubernamentales, donde hay cero tolerancia hacia los funcionarios que son acusados y señalados de estas acciones.
Entre sus principales lineamientos, el protocolo establece principios de atención centrados en la protección de la integridad de las víctimas; acciones de prevención y sensibilización dirigidas a todos los servidores públicos; la creación del Comité de Atención y Seguimiento de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual; y un proceso de atención con tres vías de denuncia: administrativa, laboral y penal, asegurando medidas de protección para las víctimas.
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