La sede central de la Asociación del Fútbol Argentino y el predio de Ezeiza han sido el escenario de un despliegue policial sin precedentes tras la orden de allanamiento emitida por la justicia federal. Esta acción legal se fundamenta en una investigación que señala a la entidad por la presunta comisión de delitos financieros graves, centrados principalmente en la evasión impositiva agravada y el lavado de dinero a través de estructuras comerciales paralelas. El operativo busca recolectar pruebas documentales y digitales sobre contratos firmados con empresas de servicios que habrían servido como fachada para el desvío de fondos que originalmente debían ingresar a las arcas del Estado en concepto de aportes de seguridad social y otros tributos.
El foco de los investigadores se ha puesto sobre los vínculos comerciales entre la dirigencia del fútbol nacional y compañías específicas como TourProdenter y Sur Finanzas, las cuales habrían facilitado movimientos de capitales sospechosos mediante acuerdos de exclusividad cuestionables. De acuerdo con los reportes judiciales más recientes de este cierre de año 2025, la cifra de la presunta evasión asciende a niveles históricos, lo que ha llevado a los tribunales a dictar medidas cautelares severas. Entre estas disposiciones destaca la prohibición de salida del país para varios empresarios vinculados a la logística de la selección nacional y la apertura de los registros bancarios de los principales directivos de la organización para rastrear el flujo de divisas hacia el extranjero.
Mientras la cúpula de la asociación sostiene que estos procedimientos forman parte de una persecución política derivada de su negativa a aceptar la entrada de capitales privados en los clubes, los peritos contables avanzan en el análisis de los servidores incautados. La causa penal ha generado un sismo institucional que amenaza con modificar la estructura administrativa del fútbol en el país, ya que las pruebas iniciales sugieren una sistemática omisión de declaraciones fiscales relacionadas con derechos de imagen y patrocinios internacionales. La resolución de este conflicto legal se perfila como el proceso judicial más relevante del ámbito deportivo para el inicio del próximo ciclo anual, con consecuencias que podrían derivar en intervenciones administrativas de mayor alcance por parte de los organismos de control estatal.
