La Auditoría Superior de la Federación reúne testimonios, documentos, fotografías, videos y mensajes para esclarecer presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con organismos electorales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, por primera vez, desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que buscan obtener una reducción de sanciones a cambio de proporcionar información sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas relacionadas con organismos electorales.
El caso involucra a grupos empresariales que habrían participado en contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos públicos locales electorales, durante varios años.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, los informantes solicitaron acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mediante el cual pueden aportar elementos relevantes para esclarecer posibles actos irregulares.
Entre la información recopilada se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, datos financieros, domicilios, mensajes de WhatsApp y nombres o alias de personas presuntamente involucradas.
Las investigaciones también incluyen información sobre empresas, beneficiarios finales y servidores públicos que pudieron haber participado en los procesos de contratación.
La ASF señaló que los datos proporcionados han permitido identificar indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas presuntamente intervenían en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos de las licitaciones, con el propósito de favorecer sus propios intereses.
Este mecanismo busca obtener información desde el interior de las estructuras empresariales y administrativas para conocer cómo habrían operado las posibles irregularidades y quiénes participaron en ellas.
El organismo adelantó que continuará con las indagatorias para identificar a más personas involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y establecer las responsabilidades que correspondan.
El caso forma parte de una revisión más amplia sobre posibles irregularidades en las contrataciones de organismos electorales, que incluye al INE, al extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Las investigaciones se desarrollan en medio de diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés, concentración de contratos y presuntas prácticas de colusión entre empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.
Hasta el momento, la ASF no ha dado a conocer la identidad de los informantes ni ha establecido responsabilidades definitivas contra las personas o empresas señaladas. Las indagatorias continúan para determinar el alcance de las posibles irregularidades.
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