La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio por presunto uso indebido de recursos públicos y anomalías en contrataciones del organismo electoral
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre el presunto uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de identificar indicios de posibles irregularidades en contratos, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
El anuncio se realizó el viernes 23 de octubre de 2026, en medio de los señalamientos relacionados con la consejera presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei, y sus presuntos vínculos con proveedores del instituto.
A través de un comunicado, la ASF informó que cuenta con elementos e indicios sobre posibles anomalías en diversas contrataciones, por lo que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existieron conductas indebidas.
La dependencia explicó que las indagatorias abarcarán al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con las operaciones bajo revisión.
El órgano fiscalizador señaló que las investigaciones se llevarán a cabo con independencia, objetividad y rigor técnico, con fundamento en las nuevas facultades que le fueron otorgadas en materia de investigación.
Los señalamientos se producen después de que se difundiera información sobre indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con empresas proveedoras de materiales electorales y posibles anomalías en los procedimientos de contratación.
Entre las personas mencionadas en las publicaciones sobre el caso se encuentra el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por sus vínculos con proveedores del organismo electoral y su presunta cercanía con la consejera presidenta.
Las investigaciones buscan esclarecer posibles conflictos de interés y determinar si existieron irregularidades en la asignación de contratos o en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, los señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.
Hasta el momento, la ASF no ha dado a conocer una lista definitiva de los contratos, empresas o funcionarios que serán investigados, ni ha presentado conclusiones sobre posibles responsabilidades administrativas o legales.
Por su parte, Guadalupe Taddei ha rechazado los cuestionamientos sobre su gestión y ha sostenido que las acusaciones buscan debilitar al organismo electoral. La consejera presidenta también ha defendido los procedimientos institucionales de contratación.
La investigación se desarrolla en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas del INE, de cara a los procesos electorales de 2027. Los resultados de las indagatorias permitirán establecer si existieron irregularidades y, en su caso, determinar las medidas correspondientes.
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