Autoridades protegerían a responsable de agresión animal

Familiares de una adulta mayor mordida por un canino acusaron a autoridades de proteger al dueño del animal.
Víctor, hijo de la mujer atacada por un perro de raza pitbull en el local “Las Flores”, del sector 18 de Noviembre, reveló que acudieron a la Dirección de Control Urbano para señalar irregularidades en la operación del establecimiento comercial.
Sin embargo, el personal de la dependencia municipal se excusó de intervenir y les solicitó la denuncia presentada ante la Fiscalía de Sonora.
El afectado consideró que el procedimiento penal nada tiene que ver con la queja en Control Urbano y que, aun así, se han negado incluso a realizar una inspección.
Señaló que han enfrentado trabas para dar seguimiento al caso y que la falta de acción podría deberse a la influencia del propietario del local, identificado como Marco, familiar del síndico municipal.
La agresión ocurrió el pasado 5 de agosto, cuando Alma Rosa, de 63 años, acudió al local de eventos para solicitar información sobre una posible renta y fue atacada por el pitbull dentro del predio.
La mordida le provocó una herida profunda en la pierna, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital. Actualmente permanece internada en el ISSSTE de Hermosillo, estable pero delicada, y en espera de una cirugía que, según los médicos, podría no ser la única debido a la gravedad de la lesión.
La denuncia pública fue respaldada por Rocío Orduño, activista animalista de Guaymas, quien lamentó la falta de empatía y compromiso del propietario.
“Los dueños del animal no han colaborado, no dan información ni han entregado la cartilla de vacunación del perro, lo que pone en mayor riesgo la salud de la víctima y obstaculiza la atención médica adecuada”, señaló.
El día de la agresión animal, a las 18:30 horas, Miguel Ángel, nieto de la afectada, acudió a la Comandancia Norte para formalizar la denuncia.
Expuso que el dueño del inmueble no mostró disposición para colaborar en lo más mínimo, ni para brindar apoyo a la familia.
Hasta el momento, no se han informado sanciones ni acciones administrativas contra el responsable, mientras los familiares exigen justicia, atención médica para la víctima y el deslinde legal de responsabilidades.