El estado de California presentó una demanda formal contra la administración del presidente Donald Trump, en un intento legal por bloquear la reactivación de las perforaciones de gas y petróleo en aguas federales frente a sus costas.
La acción judicial, encabezada por el fiscal general del estado, responde a las recientes órdenes ejecutivas de la Casa Blanca que buscan revertir las protecciones ambientales vigentes y expandir la explotación de combustibles fósiles en el Océano Pacífico.
California sostiene que el plan federal ignora los riesgos catastróficos de posibles derrames petroleros y el impacto irreversible en los ecosistemas marinos y la biodiversidad costera.
El estado argumenta que la administración federal no realizó las consultas adecuadas ni presentó estudios de impacto ambiental actualizados, violando leyes estatales y federales de protección costera.
Las autoridades californianas señalan que la economía del estado depende en gran medida del turismo y la pesca, sectores que se verían gravemente amenazados por la infraestructura petrolera.
Esta demanda marca un nuevo capítulo en la confrontación entre el gobierno de California y la administración de Trump en materia energética. Mientras Washington impulsa el concepto de “dominio energético” para reducir la dependencia externa, el gobernador y el fiscal estatal han reafirmado su compromiso con la transición hacia energías limpias y la reducción de emisiones de carbono.
Se espera que otros estados de la costa oeste, como Oregón y Washington, se sumen a este esfuerzo legal en los próximos días, creando un bloque jurídico contra la expansión de la industria extractiva en el Pacífico.
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