Canadá aprueba nueva legislación para proteger derechos laborales de trabajadores migrantes
El gobierno de Canadá ha aprobado una nueva legislación destinada a fortalecer los derechos laborales de los trabajadores migrantes y garantizar mejores condiciones en sectores regulados a nivel federal. La iniciativa incluye reformas importantes al marco legal existente, con el objetivo de reducir los abusos, mejorar la protección legal y facilitar el acceso a mecanismos de denuncia y defensa para este grupo de trabajadores.
Una de las disposiciones centrales de la nueva ley es la prohibición del uso de trabajadores de reemplazo durante huelgas o cierres patronales en empresas bajo regulación federal. Esta medida busca equilibrar las relaciones laborales y proteger el derecho a la negociación colectiva, evitando que los empleadores puedan diluir el impacto de las huelgas mediante contrataciones temporales.
La legislación también contempla una serie de reformas al sistema de permisos de trabajo para migrantes temporales. Entre ellas se encuentra la posibilidad de otorgar permisos sectoriales, lo que permitiría a los trabajadores cambiar de empleador sin perder su estatus migratorio. Este cambio busca reducir la dependencia de los trabajadores respecto a un solo empleador y prevenir situaciones de explotación o abuso.
Adicionalmente, se han establecido nuevos estándares para la inspección de condiciones laborales y de vivienda, especialmente en sectores como la agricultura, la manufactura y el cuidado domiciliario, donde se han documentado prácticas laborales irregulares en el pasado. Las autoridades reforzarán los controles y sancionarán a las empresas que incumplan los nuevos lineamientos.
El gobierno ha señalado que estas medidas tienen como objetivo asegurar que los trabajadores migrantes puedan desempeñar sus funciones en un entorno seguro, justo y digno. Asimismo, se implementarán campañas informativas en varios idiomas para que los trabajadores conozcan sus derechos y sepan cómo acceder a los mecanismos de protección.
La aprobación de esta ley representa un paso significativo en el compromiso del país con el respeto a los derechos humanos y laborales, y responde a una creciente demanda de organizaciones civiles, sindicatos y expertos en migración que ven en esta reforma una oportunidad para construir un sistema más justo y transparente.