El informe Chiapas, la paz pendiente, elaborado por el Frayba y Serapaz, advierte que el desplazamiento forzado persiste como un ciclo de terror.
La crisis humanitaria en el sur de México no cede y las organizaciones civiles han alzado la voz para denunciar una realidad que las autoridades insisten en minimizar. El reporte colectivo documenta cómo la inseguridad estructural ha roto el tejido social en las comunidades más vulnerables, obligando a cientos de familias a huir constantemente.
El documento Chiapas, la paz pendiente, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), detalla que la violencia en la región Sierra Frontera sigue siendo el motor principal de esta tragedia. Según los datos obtenidos, el 10.58 por ciento de las desapariciones forzadas en la entidad ocurrieron en este corredor estratégico.
A lo largo de sus 120 páginas, el análisis desmantela la narrativa oficial sobre la supuesta restauración del orden, exponiendo la complicidad institucional que facilita el control territorial de grupos armados. Las agrupaciones destacan que el retorno de las familias desplazadas suele ser precario, convirtiéndose en una etapa más de un ciclo de expulsión continua.
La exigencia de las organizaciones es clara: el Estado debe desarticular las estructuras criminales y abandonar las estrategias insuficientes centradas solo en ayuda humanitaria. El Frayba y Serapaz insisten en que la paz en Chiapas requiere medidas estructurales, desmilitarización y un combate real contra la impunidad que impera en la frontera.
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