El gobierno de Chiapas ordenó una investigación tras la difusión de una supuesta “narconómina” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la que aparece mencionada la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporación de élite estatal.
El gobernador advirtió que se aplicará “todo el peso de la ley” si se comprueban los vínculos.
El gobierno del estado de Chiapas inició una investigación exhaustiva sobre presuntos pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), tras la difusión de documentos que formarían parte de una supuesta “narconómina” atribuida al capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
La comisión de seguridad estatal revisa estos registros luego de que el medio El Universal publicara listas en las que se señala que en noviembre de 2025 la FRIP habría recibido un pago cercano a 100 mil pesos, junto con menciones a pagos a policías municipales de San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, presuntamente para protección o información estratégica al crimen organizado.
Ante estos señalamientos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realicen una indagatoria conjunta que permita confirmar la autenticidad de los documentos y establecer responsabilidades. El mandatario estatal aseguró que “se juzgará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables” si se comprueba la colusión.
Ramírez Aguilar también enfatizó que no permitirá que se “manchen” las instituciones de seguridad chiapanecas, que —dijo— han trabajado por la paz en la entidad, al tiempo que destacó la detención de más de 300 policías estatales y municipales por diferentes delitos desde el inicio de su administración.
La investigación abarca tanto a mandos como agentes que podrían estar vinculados a los pagos señalados, algunos de los cuales habrían sido incluidos en registros hallados en una cabaña en Tapalpa, Jalisco, donde se encontraba El Mencho antes de su muerte.
Las autoridades locales sostienen que este procedimiento no solo busca esclarecer los hechos, sino también fortalecer mecanismos de control interno y garantizar la transparencia en las corporaciones de seguridad del estado.
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