Claudia Sheinbaum Critica el Paro de Labores en el Poder Judicial por su Impacto en la Seguridad Pública
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó nuevamente su descontento por el paro de labores en el Poder Judicial, que se extenderá hasta el 11 de octubre, afirmando que esta situación afecta gravemente la seguridad pública en el país.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la inactividad de los jueces complica la emisión de órdenes de aprehensión necesarias para combatir el delito. “El paro del Poder Judicial afecta a la seguridad. ¿Cómo, si están en paro, se puede pedir una orden de aprehensión? Porque ahora solo operan para asuntos de detenciones en flagrancia”, afirmó.
La mandataria destacó la importancia del trabajo de los jueces en la detención de delincuentes, señalando que, aunque las áreas de seguridad y la Fiscalía realizan sus investigaciones, la falta de actividad judicial impide la correcta aplicación de la ley. “Si los jueces federales están en paro, ¿qué pasa con los delitos del fuero federal?” añadió.
Sheinbaum también criticó que los jueces, que ganan alrededor de 130 mil pesos mensuales, continúen cobrando su sueldo completo mientras están en paro. “Está bien que estén en paro, pero ¿por qué tienen que seguir cobrando? No tiene razón de ser”, enfatizó.
La presidenta reiteró a los trabajadores del Poder Judicial en paro que todos sus derechos y prestaciones están plenamente garantizados. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió en una sesión extraordinaria continuar con la suspensión de labores iniciada el 21 de agosto, salvo en casos considerados urgentes.
Esta decisión coincide con la admisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una de las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados en contra de una reforma judicial que propone elegir a jueces y otros cargos del poder judicial mediante voto popular. El objetivo de esta impugnación es que el alto tribunal verifique si la reforma es compatible con las garantías judiciales y principios fundamentales, como la independencia judicial y la división de poderes.
La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y promulgada el 15 de septiembre, ha sido objeto de críticas de organismos internacionales que advierten sobre el riesgo que representa para el Estado de derecho en el país.
