Colectivos Exigen Derogar el Aborto Voluntario de los Códigos Penales Estatales
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, colectivos y organizaciones civiles de todo el país exigieron la reforma total de los 33 códigos penales de México para que “el aborto voluntario deje de ser un delito”.
Las 37 entidades firmantes no solo demandaron la derogación total del delito, sino también garantizar el acceso efectivo a este derecho en los 24 estados donde ya es legal.
Esta exigencia está en sintonía con la decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2023, que eliminó el delito de aborto del Código Penal Federal. Dicho avance, según el posicionamiento, “establece que el aborto es parte del derecho a decidir y que el Estado tiene la obligación de proporcionar servicios de salud accesibles, gratuitos, confidenciales, seguros, expeditos y no discriminatorios”.
Denuncian Barreras Pese a la Despenalización
A pesar de que los movimientos a favor del aborto han logrado que en 21 estados se provean servicios de aborto voluntario limitado (hasta la semana 12.6, y en Sinaloa hasta la 13.6), las organizaciones señalaron que ocho estados aún prohíben el aborto en su legislación penal.
Además, advirtieron que la situación en los estados que han despenalizado no es mejor, ya que los servicios siguen siendo limitados o retrasados, lo que constituye una “violación de los derechos humanos”. Un ejemplo de la persistencia de las barreras es el caso reciente en Tamaulipas, donde “se le negó el acceso al aborto por violación a una niña de 10 años”.
Otro caso destacado es Michoacán, donde el acceso a los servicios de aborto seguro (SAS) está centralizado en hospitales de la capital. Esto obliga a las personas a realizar viajes en un contexto de inseguridad, violencia y militarización, lo cual restringe el derecho.
Peticiones Clave
Las demandas de los colectivos incluyen:
La reforma a los códigos penales para eliminar el delito de aborto.
Una asignación suficiente de presupuesto para la atención del aborto.
Apego de las instituciones sanitarias a los más altos estándares de derechos humanos y a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Supervisión del servicio público y privado por parte de la Cofepris.
Regulación de la objeción de conciencia en la Ley General de Salud, priorizando el bienestar de las personas que solicitan el servicio.
Miles de personas, incluyendo mujeres cis, hombres trans, personas transmasculinas y no binaries, salieron a las calles este 28 de septiembre a marchar por el aborto legal, seguro y accesible.
